México. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que el Poder Judicial está en deuda con las mujeres en prisión, quienes con frecuencia son castigadas por conductas consideradas moral o sexualmente desviadas.
No necesariamente se les encierra por la comisión de un delito, sino por la existencia de estereotipos perjudiciales, muchos de ellos consagrados en las propias leyes, además de sofocarlas por un exceso de protección, expuso durante el ciclo «Mujeres privadas de la libertad».
A reafirmar el compromiso de la Suprema Corte para que ejerzan sus derechos en términos constitucionales y convencionales, comentó que las mujeres privadas de libertad son víctimas de violencia y obstáculos para ejercer sus derechos más básicos.
El informe que hoy se presenta, dijo, es muy claro: se les encierra en prisiones, centros de detención, hospitales e instituciones psiquiátricas y centros de atención, así como en sus lugares de trabajo y su propia vivienda.
Son privadas de libertad a mano del Estado, pero también por miembros de la comunidad, familiares, compañeros sentimentales, cuidadores, empleadores y grupos delictivos o armados, alertó.
Piña Hernández advirtió que la situación es alarmante, porque las mujeres enfrentan obstáculos inimaginables para poder ejercer sus derechos más básicos, por lo que el poder judicial, insistió, está en deuda con ese sector.
El Poder Judicial de la Federación debe consolidarse como garante de los derechos de las mujeres. En México, el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión delito contra la salud es escandaloso, luego de una interacción poco deseable con el sistema de impartición de justicia, añadió.
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