Arturo Luna Silva
El primer año de AMLO: de todo lo malo del pasado, lo peor
“Desilusionante”, “sin resultados”, “perdido”, “de retroceso”, son algunos adjetivos que, desde distintas trincheras políticas y sociales, ha recibido el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su ofrecida Cuarta Transformación (4T) que, en resumen, ha incumplido con su principal oferta, ese “no les voy a fallar”, que se ha traducido en una rotunda decepción. El tabasqueño, quien se pasó en campaña por la Presidencia más de una década con la promesa de que podría hacerlo mejor, ha reeditado lo peor del pasado: el paternalismo y los programas clientelares del viejo priato; la pésima conducción económica, que tuvieron los gobiernos del tricolor de los años 70 y 80; la desfachatez, frivolidad y falta de rumbo del foxismo; la incapacidad para combatir la delincuencia del calderonismo. El lopezobradorismo es hoy un Frankenstein armado con partes podridas del pasado.
La política social de la actual administración es uno de los más graves lastres.
AMLO privilegia los programas asistencialistas para mantener su cartera clientelar y electorera, por encima de las inversiones productivas.
El Presidente, al estilo del echeverrismo y el lopezportillismo se ha erigido como el Gran Dador de dinero.
Paternalismo puro por encima de las facultades de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo.
La conducción de la economía es uno de sus más claros fracasos.
De acuerdo con una encuesta el Banco de México (Banxico), los especialistas estiman que este año que termina, el crecimiento será de 0 por ciento.
México está estancado en materia económica.
Algo que no ocurrió ni siquiera en los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado.
La inseguridad se ha disparado alarmantemente.
Como va, este primer año del lopezobradorismo será el más violento del que se tenga registro.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en promedio 108 personas, lo mismo menores, mujeres y hombres, son asesinados cada 24 horas.
Mientras el domingo, con su AMLOFest, el presidente y sus seguidores celebraron un año de gobierno y aseguraba que hubo muchos “logros”, un estimado de 127 homicidios tan solo ese día, lo convirtieron en el más rojo del de por sí sangriento 2019.
Tampoco se ha dado el prometido “cambio de régimen” de la 4T.
Las inercias persisten y otras se agudizan.
El gobierno de López Obrador y sus fracciones en el Congreso de la Unión, se han convertido en la aplanadora priísta del pasado.
Arrasan a la oposición.
No acuerdan, arrebatan.
Modifican la ley a su conveniencia y la única voz que escuchan es la del Presidente.
A la 4T le faltó decirnos que ejercería una especie de dictadura parlamentaria.
Y en medio de este panorama que nadie esperó, porque el beneficio de la duda y la esperanza pudieron más en las urnas en julio de 2018, los partidos opositores están desdibujados.
No se ve cómo puedan hacerle frente al nuevo régimen.
Le reprochan, como el PAN, su “soberbia”, pero lo hacen con timidez.
El PRI dice que “se han tomado decisiones políticas que preocupan” y no hay resultados.
Pero son críticas que se quedan casi como murmullos.
En apenas susurros que no se escuchan en Palacio Nacional.
Si no se oye allá la voz masiva de desaprobación, menos los timoratos reclamos.
A un año de la esperanza, la decepción es lo que existe.
DUDAS SOBRE EL SERVICIO DEL AGUA Y UNA INICIATIVA QUE SE HIZO SOBRE LAS RODILLAS
Los diputados locales de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático aprobaron el viernes pasado una iniciativa que delata graves fallas en su técnica jurídica y, es más, hasta en el mínimo sentido común.
Se trata de una propuesta que presentó la legisladora Nora Escamilla, con la que se busca impedir que la empresa Agua de Puebla para Todos realice cortes del servicio de agua potable y drenaje, a quienes tengan adeudos y estén en la categoría de “uso doméstico con un rango de hasta 300 litros por día”.
La iniciativa tiene tantas grietas, que -como dicen por ahí- hasta un estudiante del primer semestre de la carrera derecho la podría echar abajo el ahora dictamen de la comisión.
Ya no desde la materia jurídica, sino desde la del sentido común, nos surgen varias preguntas.
1) ¿Se pretende beneficiar a todos aquellos usuarios que no pagan, por el hecho de consumir menos de 300 litros al día?
2) ¿Quién pagará su adeudo? ¿Se premiará a los que no pagan liberándolos de responsabilidades?
3) ¿Al quien no pague con ese consumo, se podrá proceder entonces para embargar sus bienes por ser créditos fiscales?
4) ¿Qué pasará con los usuarios que sí cumplimos y mes con mes sí pagamos?
5) ¿Cómo se dará certeza de quién sí consume menos de 300 litros diarios y quién no? ¿Cómo será el criterio para determinarlo?
6) ¿Obligarán a los usuarios a instalar medidores en los domicilios para poder tomar lectura de sus consumos de 300 litros y determinar quién sí y quién no consume esa cantidad?
7) Si a los morosos no se le puede cortar, ni cobrar por procedimiento ¿le condonarán los adeudos anteriores y futuros?
8) ¿Qué pasará con todo el adeudo que existe por parte de esos usuarios? ¿Alguien subsidiará el pago de esos adeudos?
9) Si no se les puede cortar ni cobrar, entonces ¿se les estaría condonando todos sus aduedos? ¿No es eso contradictorio a la política federal de no condonar contribuciones?
10) ¿Eso fomentará el incremento de la deuda histórica de los morosos?
11) Esta reforma elimina sanciones para quienes desperdician agua, se conectan clandestinamente, dañan la infraestructura hidráulica, tienen otros usos, permite disponer de los servicios sin tener que contribuir por ello ¿y sólo por ser domésticos no pagarán?
12) Al regalar prácticamente el agua, lejos de garantizar la prestación sustentable, ¿ello no causará serios problemas para garantizar la prestación del servicio?
¿O cómo?
