Santiago. La nación chilena, con 30 años de crecimiento económico y la mayor estabilidad en Latinoamérica, cayó este 2019 en su peor crisis socioeconómica desde el régimen de Augusto Pinochet, al estallarle al gobierno de Sebastián Piñera una ola de reclamos ciudadanos contra la disparidad social.
Las manifestaciones repudian las debilidades del sistema económico chileno, donde unos pocos concentran la riqueza y las grandes masas obtienen los mínimos dividendos para vivir. Pese al crecimiento económico sostenido del país, la mayor parte de la población no llega a mejorar salarios, pensiones ni su acceso a los servicios básicos de salud y educación.
Transcurrían los primeros días de octubre cuando la comisión responsable de los precios del transporte decidió ajustar al alza el boleto del metro en 30 pesos chilenos más, para quedar en 830 (1.09 dólares aproximadamente), una medida que constituyó para los ciudadanos un agravio más por el elevado costo de la vida y la distribución desigual de la riqueza.
La agitación social
Las manifestaciones en Chile surgieron de forma espontánea. Con el alza en los boletos del metro, que entró en vigor el domingo 6 de octubre, los estudiantes convocaron en redes sociales a no pagar y evadir los torniquetes del transporte, al mismo tiempo que la ciudadanía salía a las calles a protestar a cacerolazos.
Las movilizaciones sin líderes visibles fueron escalando hasta llegar al viernes 18 de octubre, cuando el Metro de Santiago tuvo que cerrar las 136 estaciones de la red por los constantes destrozos que sufrieron las instalaciones.
Al mismo tiempo, sufrieron daños varias sucursales bancarias y del inmobiliario público, hubo saqueos en comercios, quema de vehículos y ataques a las casetas de Carabineros, quienes dispersaban a los inconformes con chorros de agua, gases lacrimógenos y disparos de municiones.
Hasta ahora, las protestas han dejado 26 muertos y miles de heridos. De ellos, más de 300 con daño o pérdida ocular, 113 víctimas de tortura y 24 de violencia sexual.
Desde el Palacio de la Moneda, el gobierno chileno decretó el Estado de emergencia ante las protestas, una medida que se había adoptado por última vez en 1987, bajo el régimen de Augusto Pinochet.
El sábado 19 de octubre el gobierno anunció el toque de queda, régimen especial que prohíbe la circulación de transeúntes en la vía pública durante horarios nocturnos, para las provincias de Santiago y Chacabuco, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Ante la escalada de las manifestaciones, el toque de queda luego se ampliaría a 10 regiones.
Protestas continuaron, pese a derogar aumento
Nada calmó las protestas a pesar de que se suspendió el aumento al precio de los boletos del metro. Tampoco sirvió de mucho la renuncia de ocho ministros del gabinete. La nación austral lleva más de 50 días de movilizaciones, con demandas que se incrementaron hasta exigir una nueva constitución.
Chile tiene mala calidad en servicios educativos y de salud, han aumentado las rentas, los medicamentos son caros y en general es un país muy costoso, en comparación con otros de América Latina, indicó en aquel entonces a Notimex, Emanuelle Barozet, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.
El 15 de noviembre, a 28 días del estallido social en Chile, la coalición de gobierno y los principales partidos de la oposición firmaron un «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución», que sustituiría a la vigente desde la dictadura de Pinochet (1973-1990), en el que se comprometieron a convocar a un plebiscito en abril del próximo año.
Transcurría octubre, cuando la comisión de los precios del transporte decidió aumentar el boleto del metro en 30 pesos chilenos más, para quedar en 830 (1.09 dólares aproximadamente)
El presidente del Senado, Jaime Quintana, expuso que la consulta popular consiste en dos preguntas: si se está de acuerdo con cambiar la Constitución y cuál deberá ser el método para redactar esta nueva Carta Magna.
El frente Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones nacionales y extendió al gobierno de Piñera 98 demandas en un pliego petitorio, ha subrayado que la constitución chilena de 1980, además de ser impuesta por un régimen de facto, ha dejado de ser legítima y es culpable de la desigualdad social.
Además, entre gobierno y Congreso han tratado de realizar reformas para detener la crisis social y los problemas económicos por la protestas. El Senado chileno aprobó el proyecto de ley que aumenta las pensiones mínimas de los adultos mayores hasta un 50 por ciento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un bono de 125 dólares para 1.3 millones de familias vulnerables y un plan de reactivación económica por cinco mil 500 millones de dólares, que ayudará a las pequeñas empresas, entre otras medidas.
Violaciones a derechos humanos
El boleto del metro más caro de la historia de Chile, sumado a todas las demás insatisfacciones populares, hasta ahora ha dejado 26 muertos y miles de heridos. De ellos, más de 300 con daño o pérdida ocular, 113 víctimas de tortura y 24 de violencia sexual. La mayor parte de estos indignantes actos han sido perpetrados por carabineros y militares, según señalan organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Hasta el 10 de diciembre, el Ministerio de Justicia chileno había reportado cuatro mil 903 personas heridas (incluidos dos mil 792 policías), pero su informe fue cuestionado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que asegura que otras fuentes sugieren un número mayor.
Según cifras oficiales, más de 28 mil personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, pero también hay cuatro casos de “privación arbitraria” de la libertad, entre otras irregularidades.
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