La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que es válida la sanción impuesta por la Función Pública en mayo de 2019 a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), consistente en inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.
Para la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la determinación es un signo positivo. Expresó que “la confirmación de esta sanción es histórica, al ser la primera ocasión que la Función Pública inhabilita a un ex titular de la empresa productiva del Estado, lo que es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un gobierno honesto y efectivo”.
En sesión pública, por ocho votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, los magistrados de la Sala Superior determinaron que la inhabilitación en contra del ex director general de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto está apegada a derecho y, por ende, se mantiene en firme en tanto no haya una resolución en contrario. En virtud de la relevancia del caso, el juicio fue atraído por la Sala Superior del TFJA desde la Tercera Sala Regional Metropolitana, donde fue presentado originalmente.
Cabe recordar que la sanción es parte de las acciones de combate a la impunidad que esta administración desarrolla en Pemex y fue resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde se comprobó que Lozoya Austin, quien también es buscado por autoridades judiciales, proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al haber omitido, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
Esta sanción se suma a las acciones de combate a la corrupción y a la impunidad que en los más altos niveles ha desplegado la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, entre las que se encuentran la inhabilitación a una ex secretaria de Estado, la destitución del directivo de una filial de Pemex y multas resarcitorias por más de 7 mil 700 millones de pesos.
De esta manera, la Función Pública da un verdadero seguimiento a todas las denuncias e investigaciones, para que quien cometa una irregularidad, abuso, omisión o irresponsabilidad, sea sancionado en estricto apego a la normatividad.
