Luego de que el Congreso del Estado aprobara las reformas al artículo 190 bis del Código Penal a partir de la propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado, y que establece que aumentarán las penas de prisión a los operadores de unidades del transporte público, taxis, servicios de arrastre y corralones que presten servicio sin concesión o permisos, el diputado local Nibardo Hernández Sánchez, afirmó que esta acción es a todas luces un “garrote político en contra de los trabajadores agremiados y no agremiados en el Movimiento Antorchista”.
Nibardo Hernández, quien es también líder de la organización social en la mixteca, sostuvo que se trata de un “garrote político”.
En este contexto, aseguró que son más de 2 mil 500 trabajadores del volante, adheridos a las filas del Movimiento Antorchista, quienes sufrirán las consecuencias de la ley, “sin contar a los miles que seguramente hay y que no tienen quién los defienda”.
Además, afirmó que esta ley “no acabará con el ‘pirataje’ del transporte, ya que lo primero que se requiere son políticas eficientes que se deben hacer con transparencia; esta ley está en contra del Movimiento Antorchista, porque saben que tenemos mucha fuerza y mucho peso, es la única organización viva”.
El diputado por el distrito de Acatlán pidió que, con la aprobación de esta ley, también se les den las condiciones a los grupos de transportistas, afiliados o no a Antorcha: “que hagan mesas de trabajo, que no pidan dinero para hacer los trámites y que le den las condiciones a nuestros compañeros que trabajan de una manera decente, honrada, porque tienen que llevar el sustento a su casa”.
