Silvestre Salazar Aguilar
NO ABONA EN NADA
A la seguridad, la controversia que tienen en puerta el Gobernador Miguel Barbosa y la Alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, al contrario le abre la puerta a la delincuencia y ésta hace de las suyas, debido a que tal división viene a provocar que grupos delincuenciales que deambulan por toda la ciudad y el Estado, hagan de las suyas.
HABÍA UN ACUERDO
Bien definido en el sentido de que Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, en el sentido de que el primero tomaba las riendas de toda la seguridad en Municipios claves, incluyendo Puebla, se centrara en un “mando único”, pero, en los puntos de acuerdo Claudia Rivera defendía a su Secretaria de Seguridad Lourdes Rosales Bretón, por los resultados que estaba dando y por la conjugación de los grupos que conformó al interior de la Policía Municipal, para atacar con firmeza a los delincuentes, cosa que se venía haciendo.
LO QUE ROMPIÓ
El acuerdo, fue el nombramiento del Director General de la Seguridad Municipal, situación que fue el reclamo que le hiciera Rivera Vivanco al Gobernador Barbosa, quien le argumentó que la Ley y la Constitución le daban las facultades para tomar estas decisiones, por lo tanto ahí empezó “el pleito jurídico”, debido a que Claudia Rivera se fuera al Amparo y que determinara la Suprema Corte de Justicia de la Nación la situación de los mandos policiacos gubernamentales y municipales.
AÚN CUANDO
Miguel Barbosa había dicho que no se iban a dar situaciones de enfrentamiento y de desalojo de áreas de la Policía Municipal, “la gota que derramó el vaso de agua” fue el hecho de que fuera desalojada la Policía Municipal del famoso edificio C-5 de Cuautlancingo, argumentando el Gobierno que la Policía Municipal estaba invadiendo una parte de un Distrito que no le correspondía y así fue como hasta el momento la situación sigue tensa, esperando a lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
VIENE AL CASO
Mencionar que 24 horas antes del desalojo de C-5, hubo un operativo sorpresa en las instalaciones del CERESO de San Miguel, donde se concentraron Policías Estatales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía, para llevar a cabo un cateo impresionante donde fueron decomisados gran cantidad de armas hechizas, droga y dinero en efectivo, cumpliéndose así con las acciones que se habían dado en todo momento con preparativos para hacer una revisión minuciosa de dicho penal y tomar el control el Gobierno de la Entidad.
LO MALO
De todo esto es que queda en claro que hay tres grupos “de autogobierno”, uno manejado por Héctor Romero Reyes mejor conocido como “El Flaco”, quien fuera detenido por robos y asaltos en carretera en la zona de Texmelucan y el segundo grupo es comandado por “El Grillo” y el tercero por el dirigente del grupo de comerciantes ambulantes mejor conocido como “Fuerza 2000”. La pregunta obligada es el hecho de que sivan a dejar que esos tres grupos sigan haciendo de las suyas al interior del penal haciendo cobros a los internos mediante la violencia.
UN HOMBRE
Conocedor del sistema de seguridad es nada menos que Ardelio Vargas Fosado, asesor de Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del Estado, quien busca por todos los medios hacer una reorganización en materia de seguridad de toda la entidad poblana para que de esta manera se ataque frontalmente a la delincuencia en Puebla.
Es todo por hoy, hasta la próxima entrega.
