Sólo en once países de Latinoamérica y el Caribe el hambre acecha actualmente a 14 millones de personas que sufren de ‘inseguridad alimentaria severa’ debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la región, reveló hoy el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Un estudio realizado el año pasado por este organismo humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicaba que las personas bajo esa categoría eran 3,4 millones en ese entonces, pero en menos de medio año 11 millones adicionales no tienen qué comer cada día.
Si en el cálculo se incluye a quienes padecen de inseguridad alimentaria moderada, el problema afecta a 40 millones de personas en un grupo de países que comprende únicamente a aquellos donde el PMA tiene operaciones de ayuda.
Se trata de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras en Centroamérica; de Haití, República Dominicana y algunas pequeñas islas en el Caribe; y de Perú, Ecuador y Colombia en Sudamérica, dijo el director regional del PMA para la región, Miguel Barreto.
Esas subregiones han reportado hasta el momento a la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1,6 millones de casos de COVID-19.
La evaluación sobre la situación nutricional en Latinoamérica excluye a los países de mayor peso económico, como México y Brasil, así como Argentina, Chile, además de Venezuela, donde el organismo no tiene actividades.
En una conferencia virtual para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, Barreto explicó que las cifras de inseguridad alimentaria que exponía estaban validadas por cada Gobierno y prefirió no aventurarse a estimar el número de personas que estarían en la misma situación en toda América Latina.
La pandemia de coronavirus se intenta contener con medidas de cuarentena que han detenido gran parte de la actividad económica de los países y causado una crisis de proporciones que se proyecta se extenderá al menos hasta el próximo año.
Las estimaciones de los organismos financieros internacionales apuntan a una contracción de la economía latinoamericana y caribeña del 6 % en 2020.
Mientras tanto, el PMA necesita recibir contribuciones por 400 millones de dólares para cubrir las nuevas necesidades alimentarias surgidas de la pandemia hasta fin de año.
Las personas más susceptibles de sufrir inseguridad alimentaria en la región son las que trabajan en la economía informal (entre el 50 % y el 70 % del total de trabajadores) y sus ingresos dependen de actividades del día a día que ahora no pueden realizar.
Uno de los aspectos más alarmantes de la situación que describió Barreto es que sus cifras no incluyen a Venezuela, donde la crisis socioeconómica ya era gravísima antes de la pandemia y el PMA no tiene presencia desde hace 45 años.
No obstante, Barreto indicó que el organismo se encuentra en negociaciones con el Gobierno venezolano para reanudar sus actividades el próximo año y que hay ‘buena voluntad’ para llegar a un acuerdo.
Quizás como señal de ese acercamiento, las autoridades permitieron que el PMA hiciese el año pasado una evaluación alimentaria independiente en Venezuela, que desveló que 2,3 millones de venezolanos sufrían de inseguridad alimentaria severa.
En los países en los que está presente, el PMA ofreció en 2019 asistencia alimentaria a más de 5 millones de personas, particularmente en zonas rurales, pero ahora está extendiendo su trabajo al medio urbano para aliviar el efecto del coronavirus entre los más pobres.
Pese a que la situación en general es muy mala en Latinoamérica y el Caribe, Barreto identificó las situaciones más graves, entre las que figura la de Haití, donde antes de la pandemia había 700.000 personas en inseguridad alimentaria severa, mientras que ahora son 1,7 millones.
Asimismo, Barreto mencionó el caso de la zona centroamericana conocida como el ‘Corredor Seco’, que parte del sur de México hasta el norte de Panamá y con una alta tasa de pobreza extrema.
Allí la inseguridad alimentaria grave afecta ahora a 3 millones de personas frente a un 1 millón a finales del año pasado, periodo que coincidió con el fin de una fuerte sequía.
Otra preocupación mayor para el PMA son los 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Se estima que la crisis del COVID-19 habría agravado la condición alimentaria de al menos un millón de ellos.
Barreto encomió los esfuerzos de países como Ecuador y Perú, que han intentado paliar los efectos sociales del parón de sus economías mediante transferencias de dinero a los más pobres.
El director regional del PMA consideró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería intentar ayudar mediante créditos blandos para que los países puedan duplicar su gasto social.
Con información de EFE
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