Bajos salarios, jornadas laborales extenuantes y necesidad de comprar con su dinero insumos de trabajo, como chalecos antibalas, son algunas situaciones que demuestran el abandono de las policías del país por parte de los gobiernos estatales y el federal, revela la “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?” realizada por Causa en Común.
La encuesta fue aplicada a 4,422 elementos policíacos de 28 entidades de la república, siendo Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco los Estados que se negaron a participar.
María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana, indicó que, gracias a este trabajo, se pudo constatar que el 51% de los elementos de seguridad ha tenido que comprar con sus propios recursos botas o calzado, el 44% ha adquirido cartucheras, el 25% tiene que pagar las reparaciones de las patrullas que utilizan y el 25% tiene que costear las balas de sus armas de fuego.
En conferencia virtual, la activista ciudadana señaló que este ejercicio estadístico también revela, entre otros hallazgos, que el 65% de los policías no tiene conocimiento sobre cómo realizar audiencias ante un juez; 52% jamás ha recibido cursos de primeros auxilios; el 34% no ha sido capacitado para manejar una patrulla; el 29% no cuenta con capacitación en materia de género y el 19% nunca ha sido instruido sobre uso de la fuerza o detención de personas.
Morera consideró que las carencias de nuestras fuerzas de seguridad, como son sus bajos salarios, se explican por la indolencia de actores políticos que han condenado a las policías al abandono: “Lo peor es que esto se ha tomado como pretexto para militarizar la seguridad pública, definición que no resolverá la crisis de inseguridad que atraviesa el país”, expuso.
Refirió que este olvido institucional es muestra de un estado de cosas “intrínsecamente corrupto e ineficaz”. Bajo estas condiciones, la activista se pregunta si en verdad alguien puede sorprenderse porque nuestros policías no puedan prevenir ni enfrentar la oleada delictiva.
Para María Elena Morera estas carencias son aún más relevantes y preocupantes debido a los recientes casos registrados sobre abusos policiales en el país, los cuales dejan al descubierto las deficiencias de los elementos encargados de la seguridad, ya que es una muestra de que no cuentan o no aplican protocolos ni mecanismos relativos a funciones policiales básicas.
“La repetición de este tipo de eventos es un claro reflejo del retraso sistemático que existe respecto a los programas de profesionalización y certificación de las policías”, indicó. María Elena Morera hizo un llamado a Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para cumplir con el cambio constitucional aprobado para la creación de la Guardia Nacional, que claramente estipula que, seis meses después de promulgada la ley, todas las corporaciones del país deberían presentar un diagnóstico de sus policías, así como un esquema de fortalecimiento, lo que no ha sucedido.
Además, expresó su preocupación porque no existe presupuesto para echar a andar el Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica que, supuestamente, sería el modelo para seguir en este sexenio.
La presentación de la “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?” fue comentada por Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como por Héctor de Mauleón, escritor y periodista. De la Barreda remarcó la importancia que tiene la policía como institución que cuida la seguridad pública del país, y criticó el desprecio a los policías por parte de las autoridades.
“Creo que un país como México que ha despreciado [tanto] a la policía está pagando las consecuencias con la alta incidencia delictiva que tenemos al no haber formado policías altamente profesionales”.
Por su parte, Héctor de Mauleón también expuso su preocupación por los bajos niveles de confianza en los cuerpos de seguridad por parte de la ciudadanía, en un contexto en que México vive una violencia sin precedentes: “ya vivimos el año más violento desde que se mide la violencia, el fin de semana más violento, el día más violento, todo esto acompañado por el abandono y desmantelamiento de las policías civiles, así como la militarización de la seguridad pública”.
María Elena Morera consignó que no se puede hablar únicamente de los sistemas de investigación y sanción para los elementos de seguridad, y dejar a un lado todos los demás procesos que contemplan el sistema de carrera policial.
Dijo que no se puede sancionar a un policía que hizo uso excesivo de la fuerza, y olvidar la obligación de la autoridad en ofrecerle una capacitación integral; o bien, la de desarrollar los protocolos necesarios para actuar en situaciones de conflicto: “Es la obligación de las instituciones equiparlo de manera adecuada para hacer frente a las amenazas. Obviar esta última parte, es cubrir el problema sin resolverlo”.
“Si queremos policías de primer nivel, también deben recibir un salario, capacitación y equipamiento de primer nivel.
Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlos. De lo contrario, nunca contaremos con instituciones civiles que puedan hacer frente a las amenazas”, concluyó Morera
