Esencia social

Lic. César Sotomayor S.

En las últimas fechas  hemos escuchado al presidente de la República proponer la desaparción de los organismos autonomos, que son entes del gobierno federal con patrimonio y personalidad propia, con un presupuesto establecido por el congreso de la unión y que gracias a todo esto sus desiciones son totalmente independientes de cualquier otro poder, esto es lo que hace que su actuar sea simplemente apegado a la ley sin ingerencia del exterior.

El pasado lunes veintidós en su tradicional conferencia mañanera el titular del ejecutivo, de manera espontanea declaró su desconfianza en los órganos electorales, su aparato directivo y marcadamente en su presidente Lorenzo Córdoba. Lo anterior al manifestar que será «garante» de la transparencia de los próximos comicios. Sin duda se debe interpretar como el anuncio de la intención de debilitar al instituto.  Cuatro de sus consejeros dejaron sus asientos el pasado tres de abril, y es de esperar, como ha sucedido en anteriores enroques, que los nuevos consejeros lleven el sello de MORENA, la correlación interna y la ya declarada observancia permanente por parte del ejecutivo podrán mermar la capacidad del Instituto para conducir las elecciones del próximo año y preparar las presidenciales de 2024.

Ante el anuncio por parte del ejecutivo una andanada de críticas, aun de correligionarios como Porfirio Muñoz Ledo, no se hicieron esperar, ya que no existen facultades jurídicas para que el titular de un poder, así sea en su carácter de “ciudadano” pueda involucrarse en un órgano que está constitucionalmente dotado de autonomía. Por su parte, Lorenzo Córdova comentó que para revertir esta crisis de representación es necesario un análisis autocrítico de los partidos sobre su papel como gobiernos u oposiciones, la revisión de los términos bajo los que desarrollan su actividad, los principios bajo los que construyen su identidad ideológica y su relación con el resto de la sociedad, reiteró que el organismo, no está ni a favor ni en contra de algún partido o actor político, sino que funge como «árbitro de las elecciones por encima de los partidos políticos y apegados a la ley.

Después de la elección de 1988, México creó un organismo especializado para organizar elecciones, que fue el Instituto Federal Electoral (IFE), y en 1994 se incluyó a los consejeros ciudadanos, quienes condujeron bien la votación de ese año convulso con la insurrección del EZLN en Chiapas y el asesinato de Colosio. Para 1996 se separó del todo al gobierno de la materia electoral y el IFE ganó su autonomía plena: eso permitió que el presidente perdiera por primera vez el control de la Cámara de Diputados en 1997, y la primera alternancia en la presidencia en el 2000, así como un largo conjunto de novedades democráticas. Sustraer al gobierno de la organización electoral fue condición del respeto al voto libre y secreto.

El INE condensa el pacto político más importante que se logró construir en las últimas décadas para disputar el poder de manera institucional y pacífica. En otras trayectorias y en otras historias políticas nacionales no ha sido necesaria. La mayoría de los países de la Unión Europea organizan sus procesos electorales a través de los respectivos ministerios de interior (Secretaria de Gobernación) sin mayor problema. En México eso no fue posible, debido a nuestros antecedentes de intento de alteración de la voluntad popular. Virtuosamente, el gran consenso que se fraguó después de 1988 es que se necesitaba crear una institución especializada en materia electoral que diera garantías. La primera tarea del hoy extinto IFE fue confeccionar un padrón electoral desde cero, porque ni en eso había certeza.

El INE sigue siendo esa institución necesaria para permitir la disputa civilizada por el poder en México. y su órgano de conducción y decisión es un Consejo General. En momentos de encono, de incertidumbre política, el nombramiento de consejeros que cuentan con la confianza de los distintos actores políticos le ha dado oxígeno a la disputa política. Así ocurrió con los consejeros ciudadanos en el IFE del 96, el primero plenamente autónomo, que encabezó José Woldenberg. Hubo una ruptura en el consenso en 2003, que presagió una falta de credibilidad de la autoridad electoral que vimos manifiesta en la elección tan complicada de 2006, posteriormente se han ido dando renovaciones con el consenso de las fuerzas políticas de manera venturosa. Así ocurrió en 2014, cuando nos nombraron a la primera generación de consejeros del INE. En 2017 hubo una renovación de tres consejeros que no generó mayor controversia, porque la conformación de la Cámara de Diputados obligaba al consenso, entonces se sabía que no iba a haber una imposición unilateral, y fue un proceso de designación que yo diría no ocupó ninguna primera plana. Estábamos logrando un árbitro discreto, como mandan los cánones del fútbol: dicen que el mejor árbitro es el que no se ve.

¿Qué es lo que se juega entonces concretamente? La renovación de ese pacto político por excelencia de la democratización mexicana. En el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros que llegarán se está jugando la autonomía política de esta institución. Es decir, si hubiese la tentación de nombrarlos desde un partido, o peor aún, desde el gobierno, se estaría atentando contra esa autonomía.

El proceso electoral del 2021 empieza en septiembre de este año, y se deben de constituir todas las juntas distritales que se componen por cinco vocales cada una. No pueden existir huecos en el proceso electoral más grande de la historia, porque ahora vamos a tener, además de la renovación de la Cámara de Diputados, 32 elecciones locales concurrentes. Nunca había sucedido esto, que todas las entidades vayan a su elección el mismo día. Se van a renovar 30 congresos locales, presidencias municipales de 30 entidades y 15 gubernaturas. Va a ser una macro elección. El padrón electoral habrá pasado de cerca de 90 millones que fueron convocados en 2018 a 96 millones en 2021, por la dinámica demográfica en el país. Y vamos a tener que instalar alrededor de 10 mil casillas más. En 2018 instalamos 156 mil, ahora serán 166 mil casillas.

Para el INE está en juego su autonomía política, y con las aduanas que pasaran en los próximos meses en materia presupuestal también está en juego que su capacidad operativa –que es muy grande porque esta nación así lo es– no se vea mermada.

La embestida contra el INE tiene tiempo de haber sido anunciada. Ahora antepuesta de la pulverización, a manos del Presidente, de la CNDH, Conapred y otros órganos autónomos, es claro que el turno del instituto electoral se acerca, por lo que hacemos votos por que las instituciones prevalezcan y el estado de Derecho sea el único motor legitimo en nuestro México.