Lic. César Sotomayor S.
El pasado 22 de julio se anunció una propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro, enmarcado en lo que se denominó “Fortalecimiento del Sistema de Pensiones” de los trabajadores del sector privado del país. El Secretario de Hacienda mencionó que la finalidad es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores cuando ellos se retiren, tal mejora se materializaría al recibir los trabajadores una pensión justa y digna, lo que en un lenguaje técnico se expresa como montos de pensión con mejores tasas de reemplazo. Esta propuesta de reforma que se envió al Congreso busca que se acorten las semanas de cotización con mayores aportaciones patronales para poder acceder a una pensión más elevada, dicha propuesta será analizada a partir del próximo mes de septiembre, cuando se reanude la actividad legislativa.
Lo novedoso de esta propuesta es que fue anunciada públicamente de manera conjunta por el titular del ejecutivo y la cúpula empresarial representada por el CCE de quien se menciona participó en la elaboración, junto a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
De acuerdo a las cifras presentadas, con las modificaciones propuestas, estas tasas de reemplazo se elevarían en un promedio del 40 %, siendo mayor el incremento para los trabajadores con salarios más bajos. Es de destacar que, al analizar el comportamiento actual y esperado de las tasas de reemplazo de las pensiones que contempla la Ley del Seguro Social, se incorporó en la exposición la mal llamada Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; apoyo que no forma parte del esquema de pensiones contributivas que contempla la citada Ley.
Para alcanzar tales tasas de reemplazo, la propuesta establece la necesidad de incrementar la aportación total contemplada en el actual esquema de financiamiento del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, de la Ley del Seguro Social, para pasar del 6.5 % actual a un 15 %. Analizado el incremento por cada uno de los tres aportantes, la aportación patronal pasaría – en forma paulatina – de un 5.5 % actual a un 13.87 %, en un plazo de 8 años. La aportación a cargo de los trabajadores se mantendría sin cambios y, finalmente, la aportación del Estado se modificaría en su composición actual, con el fin de beneficiar a los trabajadores de menores salarios, pero sin incrementar su monto total actual.
Respecto a los requisitos, se anuncia que el número de semanas cotizadas necesarias para tener derecho a tal pensión se reduciría de 1,250 semanas que establece la Ley vigente, a 750 semanas, con un crecimiento gradual y posterior para alcanzar 1,000 semanas.
En cuanto al monto mensual de la Pensión Garantizada, éste pasaría de un monto fijo actual, aplicable a todos los pensionados, equivalente a 0.8 salarios mínimos ($ 3,289.00), a un monto variable, determinado en función de la edad del pensionado, su salario y las semanas que haya cotizado; monto que se estima fluctuaría entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos, con un promedio de $4,345.00 mensuales.
La Ley del Seguro Social vigente en el artículo 170 establece que debe ser el equivalente a un salario mínimo general, vigente al entrar en vigor la Ley y actualizado anualmente, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Supuestamente, con las modificaciones que se proponen, los trabajadores con derecho a la pensión se incrementarán de 56 % a 97 % y la Pensión Garantizada incrementará su cobertura, de 34 % a 82 % de los trabajadores.
Esta reforma pensionaria se encamina a solucionar un problema estructural de enormes proporciones. No hacerlo significa condenar a una buena parte de la población a tener una vejez con precariedad, y obstruyendo aún más la movilidad social. Una familia que no sólo debe mantener a los hijos, sino también a los padres que no cuentan con una pensión digna, limita las posibilidades de éxito de sus hijos.
Este mismo problema lo veníamos arrastrando cuando el presidente Ernesto Zedillo impulsó la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro en los años noventa, a sabiendas de que era apenas el primer paso para romper una inercia que, de no haberse realizado, hoy estaríamos en bancarrota. Pero era apenas el primer paso, más temprano que tarde habría que encontrar los recursos para aumentar las aportaciones y así contar con una pensión digna para la gente.
La propuesta de reforma aumenta la tasa de reemplazo en 40 por ciento en promedio, y reduce los años que debes trabajar para poder aspirar a una pensión garantizada (de 25 a 15 años de cotizar en las Afore). Quién paga por esta reforma son los patrones, pues su aportación aumentará de 5.15 por ciento del salario a 13.875 por ciento (en forma gradual durante los próximos ocho años). El trabajador no aporta más dinero y parece que el gobierno tampoco. No se especifica con claridad en el comunicado de la Secretaría de Hacienda.
La propuesta de reforma mantiene la edad de retiro mínima de 60 años, que podrá ir de 0.7 a 2.2 veces el salario mínimo, según el nivel salarial y las semanas cotizadas. De acuerdo con el comunicado de Hacienda, la cantidad de personas que alcanzarán pensión garantizada aumentará de 34 a 82 por ciento de los trabajadores.
Para evitar que el costo de la formalidad se eleve y a la vez se consiga aumentar la tasa de reemplazo y el número de trabajadores que obtengan una pensión al final de su vida laboral, además de la opción obvia de que el gobierno aporte una cantidad mayor de los impuestos generales, lo cual evidentemente este gobierno se niega a realizar, se puede, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo, aumentar la edad de retiro puesto que la esperanza de vida ha aumentado significativamente desde que iniciaron los planes de pensiones hace ya más de medio siglo. Tiene un costo político alto, pero es sensato e indispensable. Otra forma sería re direccionar las aportaciones al Infonavit para el ahorro pensionario, por dos simples razones, esta institución de alguna forma ya prácticamente ha cumplido su cometido de que todo trabajador tenga acceso a una vivienda digna. Sí, faltan familias que lo tengan, pero para ello existe el sistema financiero comercial que ya otorga créditos a trabajadores de muy bajos ingresos. Además, un crédito hipotecario de la banca comercial es mucho más barato para el trabajador que el de Infonavit, por la sencilla razón de que este último ‘actualiza’ cada final de año el adeudo de acuerdo con la inflación. Es decir, el saldo aumenta al final de cada año en el mismo porcentaje que aumentaron los precios. Eso no ocurre con la banca comercial. Por eso hay tantos trabajadores endeudados con el Infonavit que no logran pagar su adeudo.
El titular de Hacienda dijo que el gobierno ya aporta altos montos para apoyar a los trabajadores: 320 mil mdp para pensiones que el IMSS paga cada año, 129 mil millones para adultos mayores, 24 mil millones para trabajadores del IMSS y más de 250 mil millones para los del ISSSTE.
Finalmente, esta propuesta no debe estar aislada de una reforma integral para crear un sistema universal de protección social; todas, deben ser consistentes entre sí y hasta ahora no lo son. Considero que hay que tener cuidado con los montos que cada una de las tres partes se pretende aporten, toda vez que el monto que las empresas enteran para la seguridad social se acerca a niveles de países desarrollados que proveen servicios educativos, de salud y pensionarios de muy buena calidad y acceso efectivo, en México estamos muy lejos de lograrlo por lo que esperamos que el Congreso haga un estudio profundo del tema donde solo se busque beneficiar a los trabajadores de manera efectiva y pareja.