Lic. César Sotomayor S.
Hace algunas semanas la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo la propuesta de transformar el organismo que encabeza en una Procuraduría de los pobres. Evidenciando un entendimiento diferente de lo que son los derechos humanos, en plena contingencia sanitaria, subió un tema a la agenda pública alegando que el actual modelo de operación del organismo se encuentra agotado, pretende con la sugerida reforma, dar por sentado que únicamente los derechos humanos de los más pobres, son vulnerados. Como otros funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, no entienden que se debe gobernar para todos y que México no sólo está habitado por compatriotas en el desamparo. Pendiente de resolver se encuentran en el escritorio de la actual presidenta, expedientes de miles de víctimas de autoridad, de los distintos estratos sociales. Según datos oficiales, de noviembre a junio de este año, es decir en la gestión de Rosario Piedra Ibarra, la CNDH ha emitido ocho recomendaciones y una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, nada. Esto es lo que nos debe de preocupar.
Se debe señalar que la señora Piedra Ibarra llegó al cargo con serios cuestionamientos de diversos sectores políticos y sociales por lo que no debe olvidar que la CNDH que hoy preside fue creada en 1990 por el presidente Salinas de Gortari, con el objetivo de defender a los ciudadanos de los abusos cometidos por los representantes de las instancias gubernamentales de los tres niveles, federal, estatal y municipal.
A nuestro país lo está lastimando las descalificaciones, los adjetivos y las divisiones, pero sabemos que en la democracia se debe deliberar con intensidad y respeto; discutir sin descalificar. Considerar no quiere decir conceder, pero sí tomar en cuenta. De lo contario seremos una sociedad de sectas en la que las militancias anegan a las realidades y los fanáticos definen al debate público. Por lo anterior quienes aprecian las instituciones y pretenden defenderlas deben hacerlo con argumentos, y sin titubeos. Teníamos instituciones que se construyeron en años, que tenían más virtudes que defectos, pero sobre todo que realizaban tareas valiosas para la sociedad mexicana, tales como estancias infantiles, centros públicos de investigación, algunos fideicomisos, instituciones de protección a víctimas, refugios para mujeres sobrevivientes de violencia familiar, fondos e institutos para proteger el medio ambiente, etc. Se que no eran perfectas, pero merecían mayor valoración y estudio antes de su desaparición. Ahora se busca desarticular a la CNDH para transformarla en una Procuraduría de Pobres. La justificación en palabras de quien la preside es que “La comisión es un fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados”.
La CNDH como a todas las instituciones que tienen décadas de existencia, amerita una revisión de fondo y me parece atinado apostar por prácticas que garanticen eficiencia en el gasto y probidad en el uso de los recursos públicos. Pero la Comisión emitió recomendaciones puntuales, realizó investigaciones eficaces, implementó políticas y presentó acciones de inconstitucionalidad que han servido para denunciar abusos y proteger derechos de todos no solo de algunos. Son tres décadas de estudios sobre el tema. Podemos ponderar las virtudes y defectos de cada decisión, pero no podemos decir que no existieron.
Los derechos humanos son los derechos de todos no sólo de los más débiles o los más pobres, Cuando un gobernante amedrenta y agrede a una persona que ejerce el periodismo, viola su libertad de expresión. No importa el medio en el que trabaje. Cuando un miembro de las fuerzas armadas lesiona sin argumento a un grupo de personas, violenta sus derechos humanos. No importa si son campesinos, traficantes de drogas o estudiantes de clase media alta. Cuando en una manifestación la policía golpea y reprime a las personas que protestan, violan sus derechos humanos. No importa la clase social ni el nivel de ingreso de las mismas. Las víctimas siempre son la parte débil del evento. Lo que debemos identificar es quién detenta el poder circunstancial. A los órganos no jurisdiccionales de garantía les compete acompañar y proteger a las víctimas. Por eso, si hacen bien su trabajo, son incómodos para los gobernantes.
Creo que la pobreza puede abordarse y debe denunciarse como una violación a los derechos humanos. En ella se materializa la desprotección de derechos sociales fundamentales y se condiciona el libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida de quienes la padecen. Sin embargo, para su atención se requiere la intervención de diversas autoridades con políticas públicas evaluadas con perspectiva de protección a los derechos humanos, pero nunca ejecutadas por el órgano autónomo protector de los mismos.
Supongo que en el ánimo de la titular de la CNDH imperan los cuestionamientos sobre su idoneidad e independencia, es comprensible porque existen, sin embargo, debe entender que la mejor manera de protegerlos y posicionarlos es cumpliendo la tarea para la que fue nombrada, no mal transformando a la institución que debe dirigir. La Comisión Nacional de los Derechos humanos es hoy una realidad, tan importante y creciente que ha sido elevada a rango constitucional, consagrándola en el artículo 102.
Al conmemorar 30 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su actual titular, Rosario Piedra planteó una reforma constitucional que permita que sus recomendaciones sean vinculantes, para lo cual mencionó: «Nosotros pensamos distinto. La defensa y protección de los derechos humanos tiene un antecedente propio y peculiar en nuestro país, que no se reduce a la observación y a la queja, se trata de la ‘Procuraduría de Pobres'». Para justificar su planteamiento, Piedra se remontó a 1847, cuando un diputado local de San Luis Potosí impulsó la creación de dicha procuraduría, que tuvo apenas un año de existencia. “Esa es la tradición del ‘Defensor del Pueblo’ y la que hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH».
Años de tradición jurídica, académica y legislativa en todo el País siguen construyendo una CNDH cada vez más acercada al deseo de una protección eficiente de los derechos humanos de todas las personas que habitamos en México. Debemos defender a la Comisión y pugnar por su mejora continua, porque es deber de todos la protección, difusión y respeto a los mismos.