Mtra. Blanca Alcalá Ruiz
En una ceremonia inusual, sin público, tuvo lugar la ceremonia del Grito de Independencia. Aunque el calendario oficial abarque unos días más, con la conmemoración del 16 de Septiembre, las fiestas patrias culminaron prácticamente y habrá que retomar los temas de la agenda pública.
En los últimos días las noticias de la pandemia o la discusión del PEF 2020 se vieron eclipsadas por la atención que suscitaron la rifa del avión sin avión y el juicio a los ex presidentes de México. En el primero de los casos, la crisis sanitaria sigue dejando un enorme saldo negativo para el país. Más de 670 mil contagiados y 71 mil fallecidos, seres humanos con nombre y apellido que han debido enfrentar, no siempre en las mejores condiciones, la enfermedad o la pérdida, a veces, de más de un miembro de la familia; lo que afecta, además de su salud, su precaria situación económica. Hace unos días conocí el caso de una familia veracruzana, avecindada en Zacatecas: los cuatro se infectaron, dos perdieron la vida y, además de no tener ingresos para sortear el día a día, agravada esa situación por la pandemia, tampoco tenían recursos, ni familia cercana que les ayudara con los gastos para cremar al último de los fallecidos.
En el caso de la discusión y aprobación del PEF 2021, el proceso apenas inició con la presentación del paquete económico que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Desde ya, frente al tamaño de la crisis económica que se vive en México, se avizoran recortes y enormes carencias en la propuesta presentada. Ejemplos de ello abundan y me ocuparé de algunos en próximas entregas. Sin embargo, preocupa que, frente a situaciones sensibles y complejas, la atención se centre en hechos como la rifa del avión. Un sorteo, cuyos recursos provienen en una buena parte de bienes confiscados por la Fiscalía que pudieron destinarse desde el principio, sin hacer circo, maroma y teatro, a los hospitales del país; pero que se decidieron involucrar como parte de un entramado que resulta más espectáculo que solución. Para no hablar del uso de un bien que, al tratarse de un arrendamiento, no era objeto de enajenación por parte del gobierno, y que, a la larga, los mexicanos seguimos pagando.
Por otro lado, llama la atención el juicio a los ex presidentes del llamado periodo neoliberal. Si cometieron un ilícito, todos exigimos que se juzguen en el marco del Estado de derecho que rige a nuestro país. No sería México el primero en hacerlo en tiempos recientes: Martinelli en Panamá, Lula en Brasil, o Uribe hoy enfrentando un proceso en Colombia, son algunos ejemplos. Se trata de casos de gobiernos liberales, de izquierda y de derecha, pero en todos, sin excepción, los ex presidentes han sido juzgados o están librando las imputaciones que se les efectúan, en el marco de las instituciones de sus países y observando el debido proceso que señalan los abogados. En el nuestro, inquieta que la iniciativa siempre ha partido del Ejecutivo federal. Y se vale, lo que preocupa son los medios para lograr el fin. Primero, a través de Morena, el partido en el poder, impulsando un mecanismo de consulta popular que, a pesar de todo, no resultó viable para recolectar 1 millón 800 mil firmas, por lo que López Obrador decidió usar entonces sus facultades para presentar la solicitud en el Senado. De ahí, habrá que ver qué decide la Corte sobre la constitucionalidad de la pregunta. Si fuera procedente, caso que de acuerdo a los expertos es ampliamente cuestionable, y en su oportunidad se contestara de manera afirmativa, el siguiente paso sería el uso de sus mayorías en el Congreso para lograr finalmente que su movimiento, mas no las soluciones del país, estén presentes en las campañas del próximo proceso electoral.
Parecería que, una vez más, se usan distractores en lugar de asumir responsabilidades por las decisiones tomadas. Si hay indicios de delito, que se abran las carpetas de investigación y se proceda hasta las últimas consecuencias, pero que no se empleen ni recursos financieros ni humanos que hoy más que nunca son escasos. Y mucho menos, campañas engañosas destinadas a una finalidad que parece pensada, más como una estrategia política-electoral, que de política pública para abordar la problemática de la corrupción que efectivamente se busca erradicar. En los últimos años, se ha identificado en el mundo el surgimiento de gobiernos populistas, cuyos líderes y mandatarios proponen soluciones fáciles a problemáticas complejas, aprovechan el enojo de la gente y procuran generar en ellas una carga emotiva que enfrenta a unos y a otros, buenos contra malos, pueblo sabio contra élites. El dirigente se erige como mesías, poseedor de la única verdad, absolutamente correcto en su actuar. La polarización forma parte de su estrategia. El caos y el rezago, parte del resultado. Grecia en Europa, Venezuela en América son algunos casos que nos invitan a la reflexión. Ojalá que, en México, al menos un “cachito de prudencia” permita recuperar el rumbo que exige la nación.
