El Heraldo de Puebla

Mujeres y democracia: 67 años de derechos políticos

Blanca Alcalá Ruiz

Hace ya varios años tuve oportunidad de conocer a mujeres de avanzada edad, de orígenes muy diversos, maestras, campesinas, obreras y sindicalistas. Carmelita Caballero, Ángeles Beristain, Aurelita Corona, Angela Parra son algunos de los nombres que vienen a mi memoria. Mujeres que se atrevieron, cuando era poco usual e incluso la sociedad lo calificaba como inapropiado, participar en política. Las identificaba una causa común: cambiar el status quo que imperaba a su alrededor.

Angelita Parra, por ejemplo, era una mujer de setenta y seis años de edad cuando coincidí con ella, en 1983, en la vieja casona del PRI. Medía apenas 1.45 m de estatura, y su frágil figura contrastaba con la fuerza que proyectaba cuando narraba su experiencia como secretaria general del Sindicato de La Corona, antigua fábrica textil de Puebla, donde laboraba y representaba a trescientas treinta mujeres trabajadoras. A mediados de la década de los 30, convenció a los dirigentes de la otrora poderosa CTM, de que buscaran una entrevista con el presidente Lázaro Cárdenas y le permitieran exponer la necesidad de elaborar un nuevo Contrato Ley para la Industria de Tejidos de Punto, Bonetería y Deshilados. Angelita aspiraba a erradicar los malos tratos de que eran objeto las obreras de Puebla y de todo el país.

De igual forma, numerosos son los nombres de maestras normalistas que más tarde, a finales de los años 40 y principios de los 50, se involucraron en la lucha sufragista  que se vivía en México: Carmelita Caballero,  Consuelo Lima, Ivonne Receck son algunas de las protagonistas que coincidieron en la Alianza de Mujeres Poblanas, y que se involucrarían en  el Movimiento Nacional de Mujeres que, con Amalia González Caballero, Margarita Flores y  María Lavalle Urbina, entre muchas otras, estaba resuelto a  obtener el derecho de las mujeres a votar.

El próximo sábado 17 de octubre se conmemoraran 67 años de esta conquista. El camino de los derechos de las mujeres en el mundo, y en México, ha sido largo y azaroso. En América Latina, Ecuador fue el primer país de la región en reconocer este derecho en 1929; Chile lo hizo en 1931; Brasil y Uruguay, en 1932; Cuba, en 1934; Bolivia, en 1938; El Salvador, en 1939; Panamá, en 1941; República Dominicana, en 1942; Guatemala, Trinidad y Tobago,  y Venezuela, en 1946;  y Argentina, en 1947.

En nuestro país, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promovió una reforma constitucional que otorgaba derechos políticos a las mujeres. En aquel momento el Congreso General y la mayoría de las legislaturas locales la aprobaron, sin embargo nunca fue promulgada.  Algunos señalan que fue un problema de burocracia, otros lo atribuyen al temor de que las mujeres, al votar, dieran el triunfo a los conservadores. En 1947, el presidente Miguel Alemán impulsó una iniciativa para que las mujeres votaran por primera vez, pero sólo a nivel municipal.

No fue sino hasta 1953, con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, y en cumplimiento a un compromiso de campaña, que se reformó el artículo 34 de la Constitución para que las mujeres mexicanas pudieran contar con derechos políticos de forma total. Esta victoria permitió que las mujeres fueran reconocidas no solo como mexicanas, sino también como ciudadanas.  

Sin embargo su acceso al poder público y la toma de decisiones continuó siendo, primero inaccesible y después limitado. Votar fue sin duda el primer logro. Ser votada ha exigido también el trabajo esforzado de movimientos feministas y de mujeres organizadas para conseguirlo. En 1996 se introdujo el sistema de cuotas, en una proporción de 70/30; aunque la premisa resultó más simbólica que efectiva, las mujeres eran inscritas como suplentes o en los últimos lugares de las listas de representación proporcional.  En 2003 pasamos de un “por favor” a “cúmplase  o lo sanciono”. Y no faltó quien prefería pagar la multa, o establecer mecanismos de selección interna a modo que dejaban otra vez en desventaja a las mujeres. En 2008 se incrementó el número a la proporción de 40/60, pero entonces el escándalo de las Juanitas, que no eran otra cosa que la simulación en la designación de candidaturas, donde a veces las esposas encabezaban las fórmulas y luego eran sustituidas, resultó bochornoso y poco edificante para la democracia.

Para el proceso 2011-12 se exigió el cumplimiento del sistema de cuotas, que incluía el diseño de listas alternas, respetando que las fórmulas fueran compuestas por integrantes del mismo género. Recuerdo la resistencia mostrada prácticamente por todos los dirigentes de los partidos nacionales, quienes se sentían vulnerados en su vida interna, incluso amenazados, cuando el Tribunal Federal Electoral, presidido por cierto por una destacada jurista, María del Carmen Alanís, advirtió que ese  órgano podría substituir nombres en las candidaturas o las listas presentadas, si se violaba el sistema de participación de mujeres previsto por la norma. Esta acción constituyó, sin duda. una victoria para el movimiento de mujeres políticas que incrementaron su presencia en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En 2014, y como venía ocurriendo ya en otros países, Ecuador y Bolivia –otra vez en la delantera– introdujeron y aprobaron el principio constitucional de paridad. Se trató de una iniciativa del Ejecutivo Federal que contó con la aprobación de la totalidad de los partidos en el Congreso federal, pero, me consta -entonces era senadora-, encontró  resistencias para  su votación de parte de algunos legisladores varones que pretendían condicionar el acceso legítimo de las mujeres a su capacidad,  como si en algún momento la de ellos se hubiera puesto a examen. A pesar de este importante avance, siguieron existiendo obstáculos para la aplicación del principio de paridad, en este caso, para los gobiernos municipales, que obligó a legislar en 2015 para señalar, de forma expresa, la obligación de paridad para los ayuntamientos.

Para las mujeres, participar de forma plena en la toma de decisiones, ha seguido siendo un desafío. Inmersas en el clima adverso de una sociedad patriarcal, ha quedado de manifiesto que, a mayor participación política, mayor violencia hacia ellas.

Esto llevó, otra vez, a la necesidad urgente de que  legisladoras y colectivos de mujeres impulsaran reformas en 2017 en materia de violencia política por razones de género, tratando con ello detener o sancionar a quienes amenazan no sólo a las mujeres, sino a la democracia misma.

En 2019 se introdujo el concepto de paridad total convirtiendo a nuestro país, en esta ocasión, en uno de los primeros de la región en lograr una legislación incluyente, integral, y de vanguardia. Paridad horizontal y vertical para todos los poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos,

Hasta aquí, el avance es positivo. Sin embargo el balance es insuficiente; hoy las mujeres en el Senado representan 49.2%%;  y en la cámara de diputados, 48.2%.  En 2019, de 2,461 municipios, 560 ya eran gobernados por mujeres; las regidoras constituían 49.90%, y las síndicas 67%. Pese a ello, la agenda de las mujeres sigue siendo un enorme déficit en la agenda nacional. La pandemia ha revelado, por ejemplo, la crisis de salud que enfrentan las mujeres como cuidadoras y víctimas en los hogares, en los centros de trabajo, donde son siempre las últimas en ser atendidas. Y qué decir de la lucha  por una vida libre de violencia que se hace necesaria ante los casos de Ingrid, de Yazmín, de la pequeña  Fátima, y los más de 2240 feminicidios que han ocurrido durante los primeros siete meses del año.

La conmemoración del 67º aniversario representa una oportunidad para relanzar una agenda de demandas y compromisos.  Una sociedad que se jacta de democrática no puede prescindir de sus mujeres, mucho menos, de no resolver las problemáticas que afectan a la mitad de su población. Este es el reto, y  es responsabilidad de todas y todos hacerlo posible.

Foto: Freepik

@SoyBlancaAlcala
Blanca Alcalá
blancaalcalar

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