Dr. Juan Carlos Botello y Dr. Werner G.C. Voigt
A finales de marzo de 2020, cuando México ya estaba en cuarentena, Andrés Manuel López Obrador viajó a Oaxaca. En algún momento de la visita, paró el convoy frente a cerros áridos coronados por turbinas eólicas e hizo un pronunciamiento alarmante: “Estos ventiladores afectan muy mal el paisaje. Generan poca energía y además son negocios privados, ¿por qué se tiene que subsidiar a estas empresas? ¡Son de tranzas que se hacían en el periodo neoliberal!” Ahora, siete meses después, sabemos que esa escena no era de machismo ni de ignorancia, sino parte de un plan fríamente calculado que ahora está a plena vista de la comunidad internacional – un plan que ha unido a un enorme número de compañías en la Unión Europea, Canadá, innumerables inversionistas y ambientalistas en un grito de protesta incontenible y la amenaza de una avalancha de litigios que nuestro gobierno federal seguramente va a perder. 19 estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia, Italia, España, Suecia y Finlandia pidieron tajantemente a López Obrador que no hiciera algo precipitado que implicara la creación en México de un monopolio energético inquebrantable.
Pero, el viernes, 15 de mayo 2020, nuestra secretaria de energía, Rocío Nahle, bajo la dirección del presidente publicó una serie de nuevos lineamientospara el sector energético denominado sarcásticamente: “El Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.” Esa iniciativa prohíbe nuevas centrales de energía renovable por la supuesta “inestabilidad en la red”. Desde la reforma energética del año 2013 compiten compañías privadas con la CFE. En aquel momento se abrió el mercado de las energías renovables a empresas privadas. El organismo regulatorio, el Centro Nacional de Control de Energía ofreció el marco técnico, estando obligado a dar preferencia en la concesión al proveedor más eficiente, lo que aseguraba la participación de compañías de energía renovable. Hasta la fecha, el 24% de la electricidad generada en México procede de fuentes renovables, con un crecimiento anual del 4.5%. Eso es un problema para la CFE y la mayoría de sus centrales que funcionan con el combustóleo rico en azufre. Tras la reforma energética, llegaron a nuestro país un sinfín de inversionistas y constructoras – sobre todo japonesas, estadounidenses, españolas (Iberdrola), francesas italianas y alemanas (Notus) todos en el proceso de construir 44 proyectos con un valor en exceso de 80 mil millones de dólares. De hecho, se adecuó la Ley de Inversión Extranjera Directa para fomentar la participación de la inversión nacional y extranjera en actividades relacionadas con la industria energética, así como su permanencia en México. Cabe destacar que,
dentro de los objetivos de la reforma energética destacan la atracción del sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país (creación del fideicomiso Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo – mismo que AMLO agotó en sus primeros meses de gestión dejando de lado el cumplimiento de este objetivo-), garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética e impulsar el desarrollo con responsabilidad social y ambiental, entre otros. La legislación secundaria derivada de la reforma energética permite la participación de privados en la generación y comercialización de energía eléctrica, más no la planeación y distribución que son obligaciones del estado.
Sin embargo, los nuevos lineamientos de AMLO podrían suponer el golpe de gracia para las empresas de energía renovable. En agosto de 2020 López Obrador instó a los órganos reguladores del sector energético a apoyar la “nueva política” del sector, así como sumar esfuerzos con su gobierno y las empresas paraestatales para “rescatar” a la industria energética del país.
Mientras la política energética de la 4T se encuentra momentáneamente suspendida por el poder judicial, el presidente ya anunció de que en caso de que no prospere en los tribunales, él lanzará una contrarreforma energética incontenible. Como respuesta inesperada por AMLO, se lanzaron casi 40 legisladores de Estados Unidos para pedir en una carta oficial la intervención inmediata del presidente Donald Trump y garantizar que no se vulneren las inversiones en este sector y garantizan la inviolabilidad de los contratos comerciales que forman la base de estas enormes inversiones. Según el texto de la carta, las acciones de AMLO “demuestran un patrón de obstrucción”, por lo que exhortaron a Trump a encontrar una solución con el gobierno de México “para mantener las condiciones de mercado actuales que proporciona el marco regulatorio de la Reforma Energética de 2013, además de dar certeza y justicia a las empresas de Estados Unidos que operan y compiten en México”. Además, nuestro presidente solicitó a la secretaría de energía “corregir el rumbo de la política entreguista que se ha venido imponiendo en el sector energético”.
No obstante, él – aparentemente – no está enterado que el T-MEC incluye clausulas “Ratchet” (cremallera) de irreversibilidad. Esto implica que los procesos de apertura y liberalización en el tratado resguardan las inversiones privadas, nacionales tanto como extranjeras especialmente en el sector energético y prohíben dar un trato favorable a las empresas estatales. El capítulo 14 referente a la “Inversión” actualiza todo lo del TLCAN relacionado a la protección de los inversionistas de América del Norte y establece mecanismos de solución por la violación de las disposiciones del tratado, lo cual trae consigo certidumbre jurídica. El capítulo 22 referente a las “empresas propiedad del estado y monopolios asignados” prevé la regulación de subsidios estatales al sector energético con el fin de elevar artificialmente su competitividad. El capítulo 23 referente al tema “laboral” transparenta la operación de sindicatos a través de su democratización evitando con esto la concentración de poder. El capitulo 31 “solución de controversias” se refiere a que las partes involucradas en una controversia procurarán llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación del T-MEC y deberán alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Ahora bien, entre las represalias que Washington seguramente va a aplicar a México en caso de haber disputas en el sector energético se encuentran procesos de arbitraje y juicios ante tribunales internacionales. En ambos procesos México no tiene la posibilidad de ganar y va a sufrir enormes daños financieros y daños aun más grandes a nuestra imagen a nivel internacional pero, eso no es todo, podría ser el fin del T-MEC porque en el artículo 34.7 relacionado con la “revisión y extensión de la vigencia” podría darse el caso que cada controversia y/o cambio que se dé en el tratado traerá consecuencias y en lo subsecuente las cláusulas de renovación sean revisadas y probablemente para el 2025 ya no tengamos tratado.
