Esencia jurídica

Lic. César Sotomayor S.

El pasado jueves 29 de octubre el Pleno del Senado aprobó por consenso echar atrás la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, entre otras cosas, permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomar fotografías y videos de los contribuyentes y sus bienes durante las visitas domiciliarias. Ya en la entrega anterior había advertido de lo preocupante que para muchos sectores productivos representaba la posibilidad de otorgar a la Secretaría de Hacienda herramientas de coacción casi ilimitadas, celebremos, pues este atisbo de prudencia política de parte del Senado de la República que en medio de las circunstancias de adversidad en este aciago 2020, representa una luz en el horizonte con la esperanza de un mejor mañana. Finalmente, el consenso de la oposición fue el elemento clave para que la mayoría morenista reculara en su intención de convertir a la autoridad en sus tareas de fiscalización en “policía”, siendo en ese escenario la encargada de aplicar un “terrorismo fiscal” para los contribuyentes.      

Los senadores acordaron eliminar de los artículos 45, 69 y 137 del Código Fiscal de la Federación, la facultad que permitía al SAT hacer uso de la tecnología para capturar imágenes de las viviendas de las personas, al respecto había evidente inconstitucionalidad y violación de garantías individuales. En el mismo acuerdo se eliminaron las facultades meta constitucionales que se le habían otorgado al SAT, además acordaron disminuir el impuesto al transporte y comercio de mercancías a través de empresas digitales y reducir el pago de derechos en las visitas turísticas a las áreas naturales protegidas del sureste del país.

Desde el inicio de la discusión, los diversos grupos parlamentarios en el senado señalaron “Estamos convencidos de que no debe existir una política de persecución ni de terrorismo fiscal en contra de quienes verdaderamente contribuyen con nuestro país. Fue un error gravísimo contemplar políticas de persecución fiscal.”

De esta manera quedó fuera del dictamen el texto que decía:

“Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal (…) Cuando se utilicen herramientas tecnológicas, las autoridades deberán acreditar que éstas fueron asignadas por la autoridad fiscal en la orden de visita.”

Los senadores concordaron que esta propuesta del SAT era “una medida excesiva, desproporcionada e intimidatoria.” El Senado también aprobó una baja en la retención de impuestos para los servicios de transporte de pasajeros y hospedaje que ofrecen las aplicaciones móviles como Uber, Didi, Airbnb, etc.

Redujeron la tasa de retención única a fin de que en el corto plazo se coadyuve a dotar de mayor liquidez a aquellos contribuyentes que calculan sus pagos provisionales acreditando las retenciones efectuadas por las plataformas.

De esta manera el IVA para apps de transporte de pasajeros y entregas pasará del 2.8% al 2.1%; las de hospedaje del 5% al 4% y las de enajenación de bienes y prestación de servicios será del 2.4% al 1%. Dichos cambios aplican para las leyes de los impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación; por lo tanto, se remitió a la Cámara de Diputados el proyecto para lo conducente. Durante una primera votación con 56 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó los artículos que no fueron modificados sobre las tres minutas; sin embargo, en el segundo ejercicio se votaron los cambios al dictamen con 92 votos a favor.

El 2021 es año electoral y la lucha por la mayoría en las cámaras está a todo lo que da, el presidente y su partido necesita conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar las gubernaturas que estarán en disputa, por tanto sus estrategas políticos deben de estar ocupados con ello y preocupados por las pasadas elecciones locales en Coahuila e Hidalgo en donde los resultados les fueron desastrosos y representaron un llamado de atención en relación a las medidas impopulares que en distintas áreas se han tomado. Adicionalmente y como lo comenté en días pasados el ejecutivo mantiene otro frente abierto con los gobernadores que integran la llamada “Alianza Federalista” que pone en la mesa el altísimo riesgo de balcanización del país. Sin duda todas estas circunstancias fueron factor para que los senadores recularan en la decisión de hacer del terrorismo fiscal un arma legítima para el SAT.