El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves la iniciativa de ley para ‘poner orden’ en el esquema de subcontratación, conocido como outsourcing, mecanismo que se ha utilizado ‘como una forma de defraudación fiscal’ y que afecta a los trabajadores.
«Los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades… ¡nada!, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder”.
AMLO denunció que hay despachos que se dedican a realizar estos procedimientos, que tienen miles de trabajadores y que se puso en evidencia cuando se presentó la pandemia.
“De repente, empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100 mil, 150 mil trabajadores. Por eso, vamos a presentar esta iniciativa de ley […] que vamos a enviar al Congreso”.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, expuso, en representación del grupo de trabajo integrado por titulares de varias dependencias, la propuesta que permita resolver los problemas y abusos de la subcontratación.
La secretaria del Trabajo señaló que partieron del principio de que el trabajo es un derecho y un deber social y no una mercancía para proponer una reforma integral en beneficio de trabajadores, empresas que sí cumplen, institutos de seguridad social y de la hacienda pública.
“Una de las principales afectaciones de los trabajadores se encuentra depositada en el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social; es decir, se inscribe a los trabajadores por debajo de sus salarios reales […]. Esto tiene una afectación en sus pensiones, en sus fondos de vivienda, en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. También, relacionado con la simulación en la relación laboral respecto a quién realmente es el verdadero patrón, afectaciones como la estabilidad en el empleo, el pago de reparto de utilidades […], impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva […] para mejoras salariales […] y a la antigüedad”.
María Luisa Alcalde explicó que la subcontratación también afecta a la hacienda pública, porque está relacionada con empresas factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco (afectación a servicios públicos), evaden cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (afectación a calidad de servicios de salud) y evaden las cuotas del Infonavit (reducen los créditos de vivienda destinados a trabajadores).
Alcalde también señaló que se afecta a las empresas que sí cumplen por la competencia desleal que se genera al abaratar el costo de la mano de obra, tanto por el pago a los trabajadores como por la evasión de impuestos y evasión a cuotas de seguridad social.
La funcionaria recordó que en 2012 el entonces presidente Felipe Calderón presentó una reforma en la que se introdujo la subcontratación con algunas restricciones que, finalmente, ‘fueron ‘letra muerta’.
“A partir de ahí, la subcontratación se exponenció y se exponenciaron sus abusos. […] Tenemos datos del IMSS que nos permiten saber que […] la mitad del personal subcontratado labora en empresas grandes […] y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo y otros servicios”.
La reforma integral pretende armonizar las diferentes leyes para que no existan leyes que permitan las simulaciones de la subcontratación. La reforma está integrada por modificaciones de las leyes del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, el Código Fiscal, del ISR y del IVA.
La propuesta de reforma consiste en regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas y las agencias de colocación.
“En la primera, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. […]. En el caso de los servicios especializados, se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir una autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. […] Las agencias de colocación podrán intervenir en el proceso de contratación […], pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución”.
María Luisa Alcalde enfatizó que de aprobarse esta propuesta por los legisladores permitirá que se construya un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo.
Finalmente, el presidente López Obrador y los titulares de las distintas dependencias firmaron la iniciativa que se enviará al Congreso.
AMLO confió en que los legisladores analizarán a profundidad esta propuesta y, en su caso, la aprobarán lo más pronto posible.
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