En una jornada histórica, el pleno de la Cámara de Diputados de Argentina comenzó a sesionar para debatir el proyecto de legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación que envió el presidente Alberto Fernández y que sufrió modificaciones para lograr el mayor aval posible por parte de los legisladores.
El cronograma anticipa un debate que durará por lo menos 17 horas, es decir, hasta el amanecer del viernes, ya que se anotaron 170 diputados que expondrán sus razones para votar a favor o en contra de la iniciativa.
Antes, la diputada oficialista Cecilia Moreau presentará durante 20 minutos el dictamen a favor de la legalización, mientras que la opositora Carmen Polledo explicará el de rechazo.
El camino para esta sesión comenzó el pasado 1 de marzo, cuando Fernández anunció durante su primer mensaje en el Congreso que enviaría el proyecto de ley que había prometido durante la campaña.
La pandemia retrasó sus planes, por lo que el reclamo del movimiento de mujeres para que el presidente cumpliera su palabra se fue intensificando hasta que el pasado 9 de noviembre Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, confirmó que la iniciativa estaba lista y sería discutida en periodo extraordinario de sesiones.
El 17 de noviembre, el presidente anunció el envío de dos proyectos complementarios: el de interrupción voluntaria del embarazo y el Programa de los mil días para apoyar a las mujeres durante los tres primeros años de vida de sus hijos e hijas. La premisa es que el Estado apoye tanto a las mujeres que quieren ser madres como a las que no.
Las comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal, encargadas de elaborar el dictamen que se discutirá este jueves en el pleno, realizaron la semana pasada tres sesiones informativas en las que participaron 36 oradores a favor y 36 en contra de la legalización, además de Ibarra y los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
¿Será ley?
El dictamen fue aprobado la víspera en comisiones con 77 votos a favor y 30 en contra, escenario que se prevé se repetirá durante la madrugada en el pleno, ya que, de acuerdo con las declaraciones públicas de los diputados, por lo menos 126 apoyan el proyecto contra 111 que lo rechazan.
La incógnita está en el Senado, en donde hasta ayer había 35 legisladores en contra y 33 a favor, panorama que desde el Gobierno estiman que cambiará gracias a las modificaciones que se aceptaron al proyecto que envió Fernández durante el trabajo realizado en comisiones en Diputados.
El más importante se refiere a la ‘objeción de conciencia’ de los establecimientos de salud, que no estaba incluida en la iniciativa original y que permite que todos los profesionales de la salud de un mismo centro aleguen creencias personales para negarse a practicar un aborto. En caso de que eso ocurra, esa institución tendrá que derivar a la paciente que solicita interrumpir su embarazo para que sea atendida en tiempo y forma. Además, se hará cargo de los gastos.
De esta manera, el proyecto de mayoría que se discutirá legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años. Ese plazo solo podrá ser mayor si el embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, o si es resultado de una violación. Para ello, deberá firmar una declaración jurada, requisito que no será necesario si es una niña menor de 13 años.
También establece que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios públicos y privados del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, con garantía de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía, calidad y acceso a la información.
En los casos de menores de 13 años, el aborto se realizará mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. Si tiene entre 13 y 16 años, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su autorización, el de al menos uno/a de sus representantes legales.
La iniciativa advierte que los funcionarios públicos, autoridades, profesionales y personal sanitario que dilaten injustificadamente, obstaculicen o nieguen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo podrán ser plausibles de sanciones penales de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Activismo
Desde temprano, a las puertas del Congreso comenzaron a llegar las organizaciones feministas que, desde hace décadas, militan la legalización del aborto, que se identifican con los pañuelos verdes, y que han estado presentes en las calles desde la semana pasada para impulsar la iniciativa.
Junto con ellas están las nuevas generaciones de feministas que se visibilizaron hace dos años, cuando el aborto se debatió por primera vez en la historia en el Congreso y fue avalado en Diputados, pero rechazado en el Senado.
Los sectores religiosos que rechazan este derecho, y que enarbolan pañuelos celestes y ya marcharon de manera masiva el 28 de noviembre, convocaron a reunirse a partir de esta tarde.
Las autoridades dividieron con vallas el espacio público para evitar enfrentamientos entre ambos grupos.
Con información de RT
Fotos de Reuters y Twitter @Diputados AR, @CampAbortoLegal y Giphy
