Una nueva oportunidad para los ‘dreamers’

Blanca Alcalá

Hace algunos días el juez federal  Nicholas Garaufis, de Nueva York, ordenó al gobierno de Estados Unidos restaurar en su totalidad el Programa de Acción Diferida para los Llegados en  la Infancia (DACA). Con este fallo, se  devolvió a millones de jóvenes que llegaron, siendo niños, en compañía de sus padres a vivir de manera irregular a ese país, la tranquilidad de la que carecieron durante el mandato de Donald Trump.  

La amenaza que los acechaba era absoluta y constante. Iba desde la cancelación de oportunidades de estudio y de trabajo, hasta deportaciones masivas. Si bien el problema no esta aún resuelto del todo, ésta ha sido una buena noticia para ellos y para la comunidad migrante que reside en la Unión Americana, que abriga esperanzas por el arribo de la dupla Biden–Harris el próximo 20 de enero. En un país de inmigrantes,  detener decisiones y acciones antiinmigrantes, xenófobas y discriminatorias como las que caracterizaron a la administración que está por concluir es, además de un anhelo legítimo, un imperativo social.

El movimiento de los dreamers (soñadores) surgió hace poco mas de 15 años ante la necesidad de los jóvenes de regularizar su estado migratorio. A partir de entonces su activismo ha ido creciendo. Lo mismo han hecho huelgas de hambre, cabildeos, actos de desobediencia civil, campañas sit-in, que alianzas con sindicatos y políticos. Durante estos años, los  dreamers se organizaron rápidamente y encontraron reacciones de simpatía y solidaridad en diversos sectores de la sociedad y actores políticos. También capturaron la atención de las autoridades de sus países de origen.

Al inicio, la causa que los aglutinaba era homogénea. Con el tiempo, se han registrado variaciones derivadas, por un lado, del tamaño de la población involucrada (alrededor de 800 millones de personas, de las cuales más del 50% es de origen mexicano) y, por otro lado, de las características que distinguen a los grupos al interior del mismo movimiento. En algunos casos se trata, efectivamente, de jóvenes indocumentados que  estudian y cuyo logro más evidente fue el respaldo político para lograr la aprobación, en veinte estados, de legislaciones que les permitieron pagar colegiaturas “In State”, esto es, más accesibles que si se les considerase foráneos y no residentes.

Otro grupo es el de los jóvenes que trabajan, y cuya mayor preocupación radicaba en la pérdida de sus empleos. O que, por laborar en la clandestinidad, se les asociara con menores ingresos; convirtiéndose, dada su condición de desventaja, en presa fácil del abuso de sus empleadores. Los hay también a quienes se les identificaba como ciudadanos ejemplares. Y otros que, al tener infracciones menores impuestas por alguna autoridad, podrían ser sujetos de criterios que amenazaran la posibilidad de alcanzar la ciudadanía. Con el tiempo, la discusión también se extendió a los efectos de las acciones del gobierno de Estados Unidos, en favor o en contra de sus padres. En el fondo la problemática, que aún persiste, es la ausencia de una reforma migratoria que resuelva una realidad que involucra a millones de personas que salieron de sus países en busca de mejores oportunidades. En el caso de los dreamers, una decisión que correspondió exclusivamente, en aquel momento, a sus padres.

Es importante recordar que esta medida protectora, adoptada por el presidente Barak Obama en 2012, representó un alivio para jóvenes migrantes de distintas nacionalidades: permisos para estudiar, trabajar, licencias de conducir, etc. Sin  embargo,  la Acción Diferida, a pesar de tratarse de un acto presidencial, al final no dejó de ser un acto administrativo, susceptible de ser revocado por otra decisión presidencial; tal y como ocurrió tiempo después con Donald Trump, quien determinó su cancelación el 5 de septiembre de 2117.

Tras años de litigio en distintas instancias, este fallo del juez Garaufis ordenó restaurar en su totalidad el Programa Daca; inclusive la aceptación de nuevas solicitudes que habían quedado descartadas. El restablecimiento del programa representa el camino para que alcancen la ciudadanía al menos 600 millones de jóvenes en edad productiva. Ellos viven en los Estados Unidos, crecieron allá, sus intereses se encuentran ahí. Ahora podrán lograr su incorporación formal como un grupo que, en la práctica, es productivo,

La decisión judicial abre oportunidades de bienestar para ellos y sus futuras familias, y se traducirá también en dividendos para la economía norteamericana. Para los países de origen que, por cierto, no estuvieron nunca preparados (en su mayoría) para recibir deportaciones masivas y la consecuente inclusión educativa o laboral, el desafío de los años siguientes es cómo establecer vínculos con los soñadores que nacieron en sus territorios, pero cuyo arraigo y sentido de pertenencia son, en muchos casos, totalmente inexistentes. La ganancia para algunos países puede ser amplia;  para otros, la inacción puede acarrear la pérdida de vinculación real y efectiva con un importante sector de su diáspora.  

Por último, en el tintero continúa la preocupación por la separación de las familias, el destino final de los padres y algunos temas de la agenda binacional que involucra la  reforma migratoria pendiente.