Ernesto Ordaz Moreno
¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? (Quino)
La toma de decisiones implica una gran responsabilidad, sobre todo, ante las personas quienes pueden sufrir algún resultado por las mismas. Cierto, hay providencias desagradables que deben adoptarse, pero indudablemente, siempre debe haber un análisis, estudio y previsión al respecto, de lo contrario, se vuelve un acto arbitrario. En el caso de las autoridades gubernamentales, las decisiones siempre serán cuestionadas por los grupos que aspiran a administrar las políticas públicas.
El virus SARS-COV2 ha modificado el paradigma social al que estábamos acostumbrados. Ahora, más que nunca, debemos ser responsables con nuestra salud y con la de nuestros conciudadanos.
Las autoridades gubernamentales deben actuar de manera inmediata y oportuna ante un caso de emergencia de salud, en el caso particular, el virus se propaga con mucha facilidad y las consecuencias pueden ser graves, incluso fatales; la declaratoria de emergencia sanitaria ha considerado la restricción de Derechos Humanos básicos como son la libertad de tránsito, movilidad, incluso, la de trabajo. Las complicaciones en las acciones de gobierno se incrementan ante la gran población que existe en México (127 millones aproximadamente), las características geográficas y demográficas nacionales, así como, el hecho de que las vacunas se producen en el extranjero y debe estarse al mercado internacional.
En el tiempo transcurrido desde la aparición en la escena internacional y local del virus, todos en la sociedad nos hemos visto afectados de una u otra manera, principalmente, se ha sentido una afectación en la economía nacional y local, pues el confinamiento obligatorio ordenado por la autoridad gubernamental ha implicado una restricción al derecho humano de dedicarnos a la actividad económica lícita que realizábamos, afectándose el ingreso que se obtenía en los trabajos realizados, lo cual implica también, que se ha visto afectado el pago de impuestos y los ingresos del Estado ante la inactividad.
La Constitución General de la República, en sus artículos 1º, 5, 25 y 123, dispone que el Estado debe garantizar la competitividad (“conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación del empleo”) para el fin de proteger la actividad económica de los particulares, así como generar condiciones para el crecimiento económico y del empleo, por ello, mantiene la rectoría del desarrollo nacional.
En este sentido, los empresarios y comerciantes que se encuentran formalmente instalados en sus actividades económicas, se han visto afectados porque han cerrado sus negocios, sus inversiones en los mismos están en riesgo, sus empleados han sido limitados en sus sueldos o incluso, en algunos casos, despedidos. La ansiedad generada por la incertidumbre, adicionada con la continuidad en el cobro de impuestos, deuda, créditos, y un largo etcétera, resulta más grave que la enfermedad misma, porque las noticias que circulan en los medios de información sólo tienen una dirección, continuidad en el confinamiento, pues los contagios no disminuyen, por el contrario, se incrementan. Y a la fecha, las medidas adoptadas para que el gobierno cumpla con su obligación constitucional son mínimas e imperceptibles para la gran población.
Un gran grueso de la población ve satisfechas sus necesidades a través de las ayudas de los programas asistenciales del gobierno. Sin embargo, la iniciativa privada, la que arriesga su dinero en un negocio, la que paga derechos e impuestos, la que genera empleos y paga, a través de ellos, seguridad social y aportación al fondo nacional de vivienda, la que paga créditos a las instituciones bancarias, la que produce la circulación del dinero en la economía, se encuentra muy preocupada en la situación del futuro inmediato.
Las autoridades gubernamentales deben atender a los inversionistas privados, sean pequeños, medianos o grandes empresarios, y ello en atención a que existe una obligación constitucional para generar estabilidad, competitividad y condiciones para el crecimiento económico y el empleo, protegiendo la actividad económica de los particulares. Luego, deben generarse políticas públicas que le den a este sector confianza y apoyo. La percepción, que es una medida muy importante en la política y en el gobierno, debe cambiarse para generar estabilidad, máxime ante la flexibilización y beneficios otorgados a la economía informal.
Ante las restricciones a los derechos humanos, las medidas y decisiones adoptadas deben estar lo más alejadas posibles de la improvisación y el desorden, el gobierno actual cuenta con una oportunidad histórica para generar una unidad nacional que haga de nuestro país un ejemplo internacional de humanismo y estratega empresarial. Actuar con responsabilidad en las decisiones, con respeto y en cumplimiento a la Constitución Política que rige a la nación.
La democracia que tenemos en México requiere ahora, primordialmente, de servidores públicos fieles a la sociedad, a las personas, respetando los principios de la Constitución General de la República, haciendo valer su vocación de servicio a todos, no sólo a sus partidos ni al grupo del poder que gobierna o al que pertenece políticamente, sino gobernar para cada ciudadano, aplicando las virtudes humanas, principalmente, actuando con verdad y respeto, pues, “La verdad es siempre revolucionaria” (Vladimir Lenin)
