José Flores
“Esa institución”, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 14 de enero, “ha declarado en casos importantes que no puede entregar información porque está reservada”. Hace referencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (Inai); organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información.
La Presidencia ha emprendido una serie de ataques frontales en contra de los organismos autónomos ─como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia─ pero parece haberse ensañado con el Inai. Bajo el argumento de la austeridad, ha sugerido que sea la Secretaría de la Función Pública (o en su defecto, la Auditoría Superior de la Federación) quien absorba sus facultades. Olvida ─¿a propósito?─ que eso convertiría al gobierno federal en juez y parte.
El presidente ha insistido con la excusa de una presunta inoperancia, acusando al instituto de ocultar información. “Cuando Odebrecht entrega ese contrato leonino”, señaló el mandatario en la mañanera, “declara también reservada la información el instituto de la transparencia”.
Sin embargo, el Inai no es responsable de la reserva o clasificación de esos datos, sino los sujetos obligados (las dependencias federales, así como el Poder Legislativo, el Judicial, los partidos políticos, los órganos autónomos, entre otros). Muchas veces, por el contrario, el Inai es la única instancia que permite pelear (y ganarle) a la opacidad de las autoridades.
En el caso de Odebrecht, por ejemplo, el Inai ha ordenado a la Fiscalía General de la República que transparente los contratos, sin que la dependencia haga caso de la resolución. Si la información permanece reservada no es por inacción del instituto, como quiere hacer entender el Presidente. Acaso haría falta expandir las capacidades de sanción del órgano; dotarlo de más herramientas, no eliminarlo.
Además, la labor del instituto ha sido fundamental para la entrega de información que ha conducido a grandes investigaciones periodísticas ─la casa blanca de Peña Nieto, las empresas fantasma de Javier Duarte o la Estafa Maestra, por mencionar algunas─; reportajes que han cimbrado el escenario político contemporáneo y, paradójicamente, han contribuido en parte al ascenso de López Obrador a la silla presidencial.
No son pocas las repercusiones que tendría la desaparición del Inai. Sus efectos en lo local, por ejemplo, serían desastrosos, sin una institución capaz de disputar las decisiones de los organismos estatales. López Obrador tampoco ha mencionado nada acerca de la protección de datos personales, otra facultad del Inai. ¿La heredaría la Función Pública, que el mismo instituto ha investigado por la filtración de cientos de miles de datos personales?
Los especialistas coinciden en que el Inai es un órgano susceptible de mejora, cuyo desempeño no está exento de críticas, pero su desaparición sería un despropósito; en especial, ante un gobierno que ha mostrado ser más opaco que sus antecesores. La cruzada presidencial contra el Inai es un asedio a la transparencia, un retroceso a un poder sin contrapesos; al sometimiento a la verdad oficial, única. Un sabotaje a la democracia.
*Pepe Flores es profesor de tiempo parcial en la Universidad Anáhuac Puebla, activista por los derechos digitales y la cultura libre. Director de Comunicación en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y vicepresidente en Wikimedia México.
