Blanca Alcalá Ruiz
El mundo se mueve aceleradamente hacia la llamada cuarta revolución industrial que trae consigo cambios acelerados en el uso de tecnología, el internet de las cosas, el impulso a las energías limpias, la revolución verde, el esfuerzo por disminuir los gases efecto invernadero, contribuir al cumplimiento de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En nuestro país, mientras tanto, el gobierno de la 4T parece caminar en sentido contrario.
Hace algunos días, el Ejecutivo federal envió su primera iniciativa preferente en materia de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, una vez más, parece tener prisa en construir una narrativa basada en fundamentos ideológicos más que en sustentos económicos derivados de la realidad.
Eso sin hablar de los compromisos signados por el Estado mexicano. El T-MEC, por ejemplo. O del incumplimiento de contratos firmados desde hace varias décadas y sus consecuencias jurídicas. O de cancelar la reforma energética de 2013 que permitía una mayor participación del sector privado, siempre que ello fuera de la mano de costos más baratos en la generación y trasmisión de electricidad, y que se tradujera, a su vez, en una estrategia de ganar-ganar, beneficios para los inversionistas, pero sobre todo en ahorros reales en los costos del consumo de energía para los mexicanos, al tiempo que se mejoraba el desempeño de una empresa pública, la CFE, que se había vuelto una entidad cara e ineficiente.
Vayamos por partes. Hace 80 o 50 años, hablar de la rectoría del Estado en la generación y distribución de la energía eléctrica era algo no sólo válido, sino necesario para garantizar la construcción de una amplia infraestructura eléctrica del país, con cobertura incluso en comunidades distantes del territorio nacional.
El modelo de negocio de una empresa del sector público, como lo es la CFE, exigió y permitió subsidios para lograr el objetivo. Eran tiempos donde la generación de electricidad se basaba principalmente en el uso de fósiles, diésel, combustoleo, etc., que en aquel momento eran más baratos y más accesibles. Con el paso de los años el mundo ha cambiado. Y en México la realidad también se ha modificado. El desarrollo de fuentes alternativas de energía ha venido en ascenso, la condición misma del país como productor de petróleo también cambió. Pero, al final, todas estas circunstancias se dejan de lado para presentar como tesis que los gobiernos neoliberales del pasado dañaron al país y hay que recuperarlo. A oídos de la población puede sonar bien, pero en el fondo se trata solo de convicciones y posturas ideológicas, más que de un contraste racional de argumentos técnicos.
De aprobarse esta iniciativa por el Congreso, además de ir en contra de la propia Constitución y de diferentes instrumentos signados por México, se causará un efecto adverso para la población nacional. La generación de energía será más cara en un momento en el que, por cierto, el Estado no tiene capacidad para inyectar recursos frescos al sector, y cuando las áreas de ciencia y tecnología se han prácticamente desmantelado. Por el contrario, este es el momento de garantizar certeza jurídica a nuevas inversiones, incluyendo las extranjeras, y de aprovechar la nueva administración de Estados Unidos. Estas últimas medidas, entre otras, podrían representar incentivos interesantes en favor de México, que hoy se dejan de lado.
Las iniciativas preferentes imprimen un sentido de urgencia para que ambas cámaras se pronuncien sobre ellas. Surgieron, en los últimos tiempos, ante la realidad de tener un Congreso dividido al que le costaba mucho trabajo ponerse de acuerdo, y que invertía largos periodos para sacar adelante cualquier reforma o ley. Calderón las inauguró con la Ley de Contabilidad Gubernamental que imprimía orden a las finanzas públicas de todas las instancias del poder público. La administración del presidente Peña usó el Pacto por México como recurso inicial de acuerdo y temporalidad. La actual administración le otorgó criterio de celeridad a esta reforma, y con ello parece que también prisa para no permitir que se escuchen más opiniones y, desafortunadamente, detener el progreso del país. En poco tiempo veremos sus negativas consecuencias.
Blanca Alcalá
@SoyBlancaAlcala
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