[Con]ciencia y Tecnología

Humberto García Flores

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto surgió la Reforma Energética, que contempló la modificación y creación de 14 nuevas leyes; es así como la Ley de Industria Eléctrica sustituye a la Ley General de Servicio Público de Energía Eléctrica y surge también la Ley de Transición Energética. La primera para fortalecer la infraestructura de energías limpias y renovables a través de inversión privada y la segunda para asegurar a mediano plazo el cumplimiento de los compromisos ambientales de México ante el mundo (en pocas palabras).

La ley de industria eléctrica establece el monopolio del Estado en la Transmisión, Distribución, Planeación y Control de Energía Eléctrica, mientras que la generación y la comercialización de electricidad sigue las reglas del libre mercado, es decir (en palabras llanas) que cualquier persona que cumpla los requisitos puede generar y vender electricidad con tecnologías limpias o renovables, ayudando de esta manera a la transición energética (pasar de energías contaminantes a energías limpias o renovables).

La ley de industria eléctrica es uno de los documentos jurídicos más técnicos en la legislación mexicana, razón por la cual su comprensión, interpretación y aplicación requiere la participación no solo de especialistas en derecho, también de ingenieros en energía eléctrica y economistas de  mercado eléctrico.

No considerar lo anterior al proponer una reforma podría traer serias repercusiones a la economía mexicana, a la sustentabilidad energética y a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

La (contra)Reforma a la Ley de Industria Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal tiene el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, devolviendo a esta empresa productiva del Estado el monopolio de la Generación y la comercialización de electricidad.

Lo anterior supone repercusiones graves que pondrían en riesgo dicho propósito y que el Gobierno no debe perder de vista, mismas que comento a continuación:

1. Devolver el monopolio a la CFE implica rescindir los contratos actuales de generadores y usuarios calificados y pagar sus finiquitos correspondientes.

2. La falta de acuerdo en los finiquitos con algunas empresas traerá consigo denuncias al Estado que tendrá que atender en cortes nacionales e internacionales con gastos millonarios.

3. La falta de liquidez para invertir en la industria eléctrica así como el nivel de endeudamiento actual de la CFE y del Estado por la pandemia y los dos puntos anteriores, serán el mayor obstáculo para invertir en infraestructura al corto y mediano plazo, el sistema eléctrico nacional tendrá que operar por un largo tiempo con los recursos mínimos.

4. Lo anterior tiene dos efectos graves: el aumento de fallas en la red eléctrica que podrían traducirse en apagones y la emisión de gases contaminantes en plantas convencionales ante la ausencia de infraestructura de generación limpia y renovable.

5. La falta de liquidez del Estado y de la CFE tendrá que subsanarse para mantener la operación del sistema eléctrico, entonces los precios de la energía tendrán que aumentarse o se realizarán suspensiones parciales del servicio (apagones aleatorios y cíclicos), tal como ocurrió hace poco ante la falta de gas; incluso podrían ocurrir ambas cosas.

6. Lo anterior supone el incumplimiento de los compromisos ambientales de México ante el mundo así como la desconfianza de socios comerciales (T-MEC), inhibiendo futuras inversiones.

Por el bien de los mexicanos, incluso por el bien de la humanidad, el Gobierno Mexicano deberá ser meticuloso y ordenado para reducir los impactos adversos de la reforma que proponen y fortalecer la infraestructura eléctrica al corto plazo así como cumplir los compromisos ambientales de reducción de gases de efecto invernadero.