Lic. César Sotomayor S.
El acceso a la información pública y la transparencia en nuestro país han tenido una evolución muy curiosa, ya que originariamente se incluyó como parte del derecho a la información y, actualmente, se ha mezclado con temas relacionados con la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. El origen del acceso a la información pública y la transparencia lo encontramos en una frase del artículo 6 de la Constitución que en 1977 fue reformado para establecer ‘el derecho a la información será garantizado por el Estado’. Esta la ley es la más importante del país y la base para todas las demás, ya que en ella están todos los derechos que deben ser respetados y que normalmente son detallados en otras leyes.
Los conceptos: transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, podríamos decir que las autoridades rinden cuentas a través de las normas que establecen mecanismos, que les obligan a informar ya sea mediante los informes que tienen que rendir, la obligación que tienen de responder las solicitudes de información que les hagan las personas, o los portales de Internet donde informar sobre su labor y, por otro lado, las conductas que han sido definidas como violatorias a esta rendición de cuentas y, por ende su sanción, entre ellas podríamos ubicar el combate a la corrupción.
En el papel, la rendición de cuentas suena muy bien, el punto relevante y el gran reto es hacerlo realidad.
Otro tema relevante que establece la ley general es que la información debe ser accesible a cualquier persona, por ello se prevé que se habiliten todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles (Artículo 12). Así, y aprovechando la disponibilidad de la tecnología se han generado distintas plataformas para acercar los mecanismos de acceso a las personas por medio del Internet. Si bien es cierto que no todas las personas tienen fácil acceso al Internet, estadísticamente el 59.5% de la población de más de 6 años en el país utiliza Internet. Adicionalmente las autoridades han habilitado otros mecanismos para permitir el ejercicio de este derecho, que van desde la forma básica de recibir documentos con las solicitudes de información, hasta habilitar líneas telefónicas de atención.
Un tema de gran relevancia dentro del acceso a la información pública es la información clasificada. Sobre este tema se ha debatido mucho partiendo que podría convertirse en una forma de evitar el acceso a la información, por lo que se ha buscado y justificado que las causas para clasificar la información sean las menos posibles, ya que lo que se pretende es que el interés público por saber lo que hace el gobierno esté por arriba de cualquier situación que lo limite.
También es cierto que las excepciones que se establecen tienen una razón de ser, ya que por un lado bajo la figura de información clasificada como reservada se vela por el funcionamiento del gobierno y, bajo la figura de información clasificada, como confidencial se protegen los datos personales.
Lo que es una realidad y ya está en manos de los ciudadanos es la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, que son la principal herramienta para que funcione cualquier esfuerzo encaminado a esa rendición de cuentas.
Podemos considerar al derecho de acceso a la información pública y la transparencia como parte de un grupo de derechos modernos, que recientemente han ido surgiendo y que bien utilizados le pueden dar gran poder a las personas. El reto es utilizarlos para que los ciudadanos sean tomados en cuenta. Así, lo que nos toca a cada uno hacer es utilizarlos y cuestionar constantemente al gobierno sobre sus actividades y decisiones, ya que un funcionario que se sienta observado será un funcionario que actuará correctamente.
Sin duda, es obligación de todos exigir información para poder conocer lo que con los recursos de contribuyentes se hace.
César Sotomayor
Notario Público y Mediador Certificado por el HTSJEP
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