La limitada efectividad de políticas, medidas y mecanismo de los gobiernos de América Latina y el Caribe impiden reducir los desastres, pérdidas económicas y afectación a miles de personas, alertó la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr).
En el Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR, por sus siglas en inglés), se advierte que son limitados los resultados a tres décadas de la proclamación del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) y a cinco años de la puesta en marcha del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030).
La evaluación destacó que a lo largo de tres décadas ha aumentado el número de desastres con impactos significativos.
El promedio anual de personas afectadas, directa e indirectamente, ha crecido de forma acelerada, al igual que las pérdidas económicas asociadas a esto.
Entre 1998 y 2017, el 53 por ciento de las pérdidas económicas mundiales por desastres de origen climáticos se produjeron en América Latina y el Caribe.
Y 340 millones de personas viven en ciudades altamente vulnerables y; entre 1980 y 2018 las pérdidas por desastres originados por amenazas naturales representaron el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Marco de Sendai puesto en marcha en América Latina y el Caribe en 2015 y con vigencia hasta 2030, reveló que a 2020, se registraron 107 mil personas muertas y pérdidas económicas por 86 mil millones de dólares hasta 2018.
Entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres registrados en el mundo ocurrió en América Latina y el Caribe. En el mismo periodo, nueve de cada diez personas perjudicadas por desastres en la región se vieron afectadas por eventos de origen climático (principalmente inundaciones, las cuales son potencialmente predecibles).
Siete de cada diez murieron por eventos de origen geológico (sobre todo sismos).
En 2020, la pandemia de COVID-19 fue la principal causa de muerte en prácticamente toda la región.
El número de personas afectadas por este evento es aún incuantificable, lo que canceló el logro más importante del Marco de Acción de Hyogo respecto a la reducción de muertes ocasionadas por desastres, observado en el periodo 2005-2015.
El análisis destacó que los impulsores de riesgo para los desastres son la degradación ambiental, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, inestabilidad política crónica, criminalidad y violencia, crisis hídrica, gobernanza débil o inoperante, desarrollo urbano mal planificado y gestionado y, desplazamiento y migración masiva de personas.
Para América Latina y el Caribe, los efectos del cambio climático a mediano plazo consistirán en la desertificación de algunas zonas, periodos más largos de calor y escasez de lluvia o lluvias extremas regionales, intensificación del fenómeno de La Niña o El Niño, y un probable incremento en la intensidad y frecuencia de ciclones tropicales.
El aumento del nivel del mar afectará en general a las comunidades costeras, especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Respecto al avance en el cumplimiento de las metas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, hasta el 2020 la mitad de los países de la región no reportaron avances en los principales cuatro componentes del Marco.
Estos son comprensión del riesgo de desastres, fortalecimiento del riesgo de desastres para la resiliencia, inversión en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y, preparación para casos de desastres con respuestas eficaces que reconstruyan, rehabiliten y recuperen los sitios y personas afectadas.
Finalmente, los hallazgos evidencian la necesidad de realizar cambios profundos en la forma de comprender el riesgo y su causalidad, así como reflexionar sobre los mecanismos y estructuras de gobernanza para reducirlo.
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