La Comisión Inspectora en el Congreso de Puebla siempre se ha conducido dentro de la legalidad en la revisión de cuentas públicas y aplicando sanciones sin que se preste a la interpretación de “una cacería de brujas” como en el pasado.
La presidenta, Olga Lucia Romero Garci Crespo, señaló que esta comisión junto con la Auditoría Superior del Estado (ASE) siguen una línea de trabajo basada en la fiscalización de los recursos bajo criterios técnicos y no políticos.
Manifestó que aunque la pandemia de covid-19 retrasó el proceso de revisión de cuentas públicas en todo momento se garantizó el derecho de audiencia a los sujetos obligados para responder a las observaciones realizadas.
“A todas las denuncias se les tiene que dar seguimiento, obviamente, y sí hay muchas irregularidades y observaciones en muchas de las auditorías que se han llevado a cabo por lo mismo; por todos estos ciudadanos que han estado metiendo sus denuncias y que no se pueden dejar en el olvido, como antes se hacía, y se tienen que tomar en cuenta y ver qué es lo que está pasando”.
Romero Garci Crespo aseveró que la Comisión Inspectora dejó de ser utilizada como “garrote político” y adelantó que al cierre del tercer periodo de sesiones dictaminaron las cuentas públicas de 49 ex alcaldes y ex titulares de organismos públicos descentralizados.
