Por Blanca Lilia Ibarra Cadena
En 2021, solo el 46.8 por ciento de las mujeres latinoamericanas en edad de trabajar tendrá un empleo. De acuerdo con datos del más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo,entre 2019 y 2020 se perdieron 54 millones de puestos de trabajo de las mujeres, a nivel global. Esto debido a que las mujeres trabajan mayoritariamente en sectores económicos altamente afectados por la pandemia, tal como lo son el sector turístico y el manufacturero. Además, de las consecuencias económicas y laborales por la implementación de las medidas de confinamiento y otras estrategias sanitarias para evitar mayores contagios, también se han registrado impactos considerables en el acceso de las niñas y adolescentes al sistema educativo.
En ese sentido, la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación,realizada por el INEGI, dio cuenta que 5.2 millones de estudiantes mexicanos no se inscribieron en el próximo ciclo escolar por motivos asociados a la covid-19, o por falta de dinero o recursos. El INEGI encontró que, al menos 500 mil personas refirieron que no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, por dedicarse a quehaceres del hogar o a cuidar de algún familiar, el 98.6 por ciento de ellas son mujeres.
Estas situaciones podrían agravar la brecha de género, la desigualdad, la exclusión y discriminación que viven las niñas, adolescentes y mujeres. Indudablemente, los temas que preocupan -e impulsan las mujeres- son temáticas que nos deben ocupar a todas y todos, puesto que la plena garantía de espacios públicos y privados, seguros y equitativos para las niñas, adolescentes y mujeres, está altamente vinculada al ejercicio de las libertades y derechos de toda sociedad que se precie de democrática.
Eliminar estas manifestaciones de violencia de género, que lastimosamente siguen presentes en nuestro país, requiere de un trabajo colaborativo, de concientización y de la puesta en marcha de una política pública nacional que materialice una verdadera erradicación de las prácticas que normalizan y profundizan la discriminación y violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
En el Sistema Nacional de Transparencia –integrado por el Instituto Nacional, por los organismos de transparencia de cada entidad federativa, por la Auditoria Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—sabemos que las acciones y políticas nacionales para erradicar la desigualdad y la violencia contra las mujeres deben respaldarse con información y datos útiles, a fin de que consideren las diversas realidades de las mujeres mexicanas. Estamos convencidos que, la información pública y la transparencia sonherramientas sociales que impulsanla participación y el impulso de la agenda de las mujeres. Además, la información pública es útil para la evaluación de las políticas y programas que se han implementado en la materia.
Sobre ello tuvimos la oportunidad de conversar en el Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, celebrado el pasado 12 y 13 de agosto, en el Museo Internacional Barroco de nuestra capital. Este evento significó un espacio abierto para compartir buenas prácticas y acciones colaborativas que buscan la consolidación de mecanismos para prevenir y combatir la violencia de género. Además, las y los comisionados coincidieron en la responsabilidad compartida e impostergablede trabajar a favor del establecimiento de la perspectiva de género, la inclusión, la integridad, la transparencia y la plena garantía de los derechos humanos, como ejes del servicio público. Las cuales seguiremos impulsando desde el Sistema Nacional de Transparencia.
Coincidimos con el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa: la construcción de esquemas de gobierno que impulsen la igualdad sustantivada cuenta del avance democrático. Y sin duda, estamos a tiempo, vivimos un momento histórico que nos insta a replantearnos las interaccionesen los espacios públicos y privados.
Por lo que, en nuestro ámbito de competencia reconocemos el llamado urgente a ejercer nuestra labor con integridad. Asumimos nuestra responsabilidad con toda cabalidad, convencidos que como servidoras y servidores públicos debemos saber que ninguna política o programa puede sustraerse en su formulación y diseño del contexto estructural de desigualdad, a fin de que sus alcances atiendan los reclamos colectivos por logar la igualdad sustantiva y no se conviertan en acciones aisladas con efectos difusos.
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Aprovecho la ocasión para reconocer y agradecer el trabajo del comisionado Francisco Javier García Blanco, al Pleno, y al equipo integra al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, por su labor en la organización de este foro de deliberación.
*Comisionada Presidenta del INAI
