Por Humberto Aguilar Coronado*
Un canalla es, de acuerdo con la real academia de la lengua española, una persona despreciable y de malos procederes. En cambio, un canallín, fue para un candidato presidencial, un término utilizado para descalificar a otro candidato presidencial en el marco de un debate organizado por el Instituto Nacional Electoral y transmitido a nivel nacional por las principales cadenas de radio y televisión de este país.
La expresión utilizada, logró ubicar en el comentario y la picaresca política a un candidato señalado por haber participado en un supuesto fraude por la compra de unas naves industriales durante el resto de la campaña electoral, afectando, por supuesto, su honorabilidad y el apoyo ciudadano de muchos que se creyeron la historia diseñada desde el poder.
En ese entonces gobernaba Peña Nieto y se manejó una denuncia presentada que funcionó porque un panista era el que acusaba y otro panista lo respaldaba, -hoy ninguno de los dos milita en el PAN-, pero después del resultado electoral, en donde López Obrador gana sin cuestionamientos, ya no tenía caso seguir con la historia, por lo que, en noviembre del 2018, la PGR cierra el caso al no encontrar elementos para la investigación y exonera al propio candidato presidencial Ricardo Anaya.
Pasaron muchos meses y el pleito entre el acusado y el acusador vuelve a tomar dimensiones de escándalo al conocerse que ahora, la persecución contra Anaya es para que responda por imputaciones presentadas en su contra, por cohecho y lavado de dinero, por parte de la Fiscalía General de la República basándose en el dicho de un testigo protegido, que por cierto, ha cambiado su declaración para imputar a Anaya y quién sabe a cuantos más.
Ahora resulta que para el presidente López Obrador, Ricardo Anaya ya no es el canallín del 2018, sino que ahora, lo descalifica al señalarlo en cadena nacional en su mañanera como “marrullero”, porque Anaya anunció que no se iba a presentar ante la fiscalía porque estaba claro que era un “cuatrote” para meterlo preso y quitarle sus derechos políticos,y así impedirle su probable participación en las elecciones presidenciales del 2024.
Nuevamente la descalificación desde el atril y micrófono presidencial.
Se le olvidó que, en 2005, cuando compareció en la Cámara de Diputados en su defensa por el juicio de desafuero, culpaba al presidente de la república de hacer campaña en su contra.
Acusaba de procedimientos deshonrosos y de actuar de manera facciosa al presidente de la república y acusaba al presidente de la corte de supeditar los altos principios de la justicia y de la constitución, a las meras consignas políticas.
¿Acaso no parece repetirse la misma historia?
La diferencia es que ahora él es el presidente de la república y pareciera utilizar a las instituciones en su beneficio y con un afán persecutorio, supeditando los altos principios dela justicia y la constitución a sus meras consignas políticas.
La diferencia es que ahora el perseguido es un opositor del sistema que el encabeza y que está alzando la voz para denunciar las irregularidades del proceso seguido en su contra.
Así como en 2005 López Obrador acusaba, ahora Anaya lo acusa deactuar de manera vengativa y con rencor, al tiempo de utilizar procedimientos deshonrosos.
En lo personal pienso que Anaya no es un canalla y que el presidente debe avocarse a trabajar y resolver los problemas nacionales y no andar desacreditando y persiguiendo políticos.
El juicio de desafuero del 2005 catapultó la popularidad de López Obrador. ¿Será que la denuncia presentada y el escándalo mediático y de redes sociales catapultarán a Anaya para el 2024?
*Es Diputado Federal electo a la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión
