Una polémica ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación entró en vigor este miércoles en Texas, Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo del país no se pronunciara sobre una solicitud de urgencia presentada por clínicas en ese estado para bloquearla.
La ausencia de intervención judicial ha hecho que la norma, conocida como Ley 8 del Senado, entre en vigor a la espera de que el Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, adopte una resolución.
La legislación permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición.
La medida supone que prácticamente se veta abortar en Texas, ya que ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
En su solicitud de emergencia para bloquear la legislación, las clínicas de servicios abortivos advirtieron que la ley ‘reduce inmediatamente y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, prohibiendo cuidados a al menos el 85 por ciento de los pacientes’ que requieren de una intervención de este tipo en el estado.
Asimismo, las clínicas avisaron que posiblemente muchas tengan que cerrar sus puertas.
Una de las clínicas demandantes, Whole Woman’s Health, informó que estuvo ofreciendo servicios hasta antes de la pasada medianoche.
«Nuestro personal clínico vio a pacientes hasta las 11.56, justo tres minutos antes de que la prohibición del aborto entrara en vigor en Texas«.
Los precedentes marcados por el Supremo vetan a los estados prohibir al aborto antes de que el feto sea viable, es decir, cuando puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, a las 22 o 24 semanas.
Sin embargo, la norma de Texas fue redactada para ponérselo difícil a los tribunales, ya que normalmente una demanda que busca bloquear una ley al considerarla inconstitucional nombra a funcionarios gubernamentales como acusados.
Pero la ley tejana prohíbe a los funcionarios estatales aplicar la legislación al delegar en particulares la posibilidad de denunciar a cualquiera que lleve a cabo un aborto.
Todo esto se produce cuando el Supremo se prepara para escuchar en su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, una apelación sobre una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las quince semanas de embarazo.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en Estados Unidos en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso ‘Roe contra Wade’, en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
Con información de EFE
Fotos de Twitter @CitizenWonk
