Por Maritza Mena
Este primero de septiembre se realizó la sesión del Congreso General para declarar la apertura del periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio de la LXV Legislatura, tras los resultados de una elección atípica que estuvo marcada por la sospecha de la intervención del crimen organizado.
La intención del bloque opositor en el que han coincidido ciudadanos y partidos políticos era quitarle la mayoría calificada a Morena, quien durante los primeros tres años de mandato del actual presidente se convirtió en servidor del Poder Ejecutivo, aprobando sin consenso reformas en materias de salud, energética o fiscal, algunas fueron suspendidas en los tribunales por ser contrarias a los intereses de la nación.
Por eso actualmente tenemos a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) amenazado con tener una «renovación tajante» a través de una de las tres reformas constitucionales que pretende impulsar en lo que resta del sexenio el presidente del México, casualmente tras retirarle al partido oficialista tres diputaciones federales. Lo mismo quiere hacer con el Instituto Nacional Electoral (INE), uno de los organismos autónomos que ha sido víctima de campañas de desprestigio, sobre todo, en redes sociales.
Sin embargo, después de las votaciones del 6 de junio ningún partido tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la oposición conserva un número importante de curules, y de mantenerse firme será un contrapeso real para las decisiones que pretenden imponerse en contra de los intereses de la mayoría.
La oposición política siempre ha sido un elemento fundamental en los regímenes democráticos porque sirve como control de los gobiernos en turno. En este caso tomará un papel para poner límites en el parlamento.
La posición de los líderes de la alianza Va por México ha sido la de mantener la agenda propia de los partidos que representan, pero también una conjunta que proteja los intereses de la nación. Se han pronunciado porque estarán en contra de todo aquello que afecte a los ciudadanos, dado su palabra de no venderse al oficialismo y de salvaguardar al Congreso como un poder independiente al Ejecutivo.
La nueva Legislatura tiene pocos días de iniciada y el bloque opositor conformado por PRI, PAN, PRD y MC votaron en contra de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia por considerarla un instrumento «por consigna» para «la persecución política» con intenciones de «revanchismo»; sin embargo, Morena y sus aliados la aprobaron, por lo que pasará al Senado.
No obstante, son las tres reformas constitucionales en materia electoral, energética y de seguridad en las que dicha oposición demostrará que podrá imponerse para proteger la Carta Magna y dar así respuesta a los mexicanos que confiaron en ella con su voto.
