La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) declaró este martes inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir, en un fallo histórico.
Este es un gran avance en al menos cinco dimensiones:
1. El reconocimiento de los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo.
2. Reducirá con ello los motivos de acecho, abuso, maltrato y feminicidios a manos de sus parejas.
3. Disminuirá sustancialmente el número de muertes en quirófanos clandestinos donde se practican abortos sin condiciones sanitarias mínimas.
4. Aumentará también la autodeterminación de las mujeres, como una puerta a su independencia.
5. Abona a detener la cultura machista que ve en inferioridad a las mujeres en nuestro país.
Cierto es que no es el final de la lucha feminista sino un paso muy importante, por lo que ahora quedan varios retos por librar. Los congresos estatales que aún no homologan sus legislaciones al mandato de la corte deben hacerlo sin regateo.
No lo han hecho porque piensan que la sociedad no se los perdonaría; piensan sin duda en las Iglesias católica y cristiana que se oponen a la liberación femenina, pero no se dan cuenta que pierden más adeptos al oponerse.
Es destacable que haya sido por unanimidad que los ministros del pleno de la SCJN invalidaran el artículo 196 del código penal de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel ‘a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento’.
Las posturas de los ministros han sido dignas de apreciar: “No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, señalo el Ministro Luis María Aguilar.
Una nota de mi compañera Mónica Ortiz nos recuerda que “el aborto, cuya criminalización es competencia local, sólo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz”.
Pero ahora, derivado de una impugnación que la extinta PGR hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.
La decisión del Supremo sólo invalida el código penal de Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.
Bien, por la SCJN.
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