Por Maritza Mena
Legalizar el aborto forma parte de una reingeniería. El impulsor George Soros es un planificador social que ha sido señalado por impulsar una agenda de izquierda al financiar, a través de su organización, movimientos «progresistas» que van desde la interrupción del embarazo hasta las caravanas migrantes.
El desprecio que siente hacia la mujer embarazada se basa en los riegos que enfrentaría el sistema financiero por causa del nacimiento de humanos, en específico el «status quo» de los más ricos del mundo.
La agenda progresista y el empoderamiento femenino ha ido tomando relevancia en el mundo y la lucha social de «clases» se han convertido en una de sexos. México avanza en esa reingeniería social que plantea en un futuro cercano una diversidad sexual infértil, así como la legalización de las drogas a fin de mantener a la sociedad pasiva ante las injusticias de quienes detentan el poder político y económico.
El movimiento mundial encabezado por Soros ha inspirado un sin número de teorías entre las que destacan el ser el titiritero que controla de forma secreta la política y economía mundial. Cierto o no, su organización «Open Society Foundation» ha financiado corrientes proaborto y de ideología de género.
La despenalización del aborto aprobado esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es muestra de que nuestro país se suma a la «ola progresista» que abandera principalmente la izquierda política mexicana, aunque ha seducido a otros miembros de la derecha que se declaran abiertamente a favor de la interrupción del embarazo.
Esta decisión será un avance para eventualmente aprobar el aborto legal en México, atentando así contra la niñez mexicana y el derecho del individuo a nacer porque hasta ahora no existe tesis que afirme que la vida inicia después de las 12 semanas de gestación.
La agenda «progresista» que se construye en nuestro país en realidad no protege a la niñez. Lo vemos desde el inicio de este gobierno de ultra izquierda y su mayoría calificada al considerar como delitos que no ameritan prisión preventiva el abuso sexual contra menores o el feminicidio.
Las intenciones de alcanzar la interrupción legal del embarazo como parte de las políticas públicas deben ser ampliamente discutidas, no como parte de una exigencia de minorías, sino desde el punto de vista científico y filosófico para evitar transgredir alguna norma Constitucional o natural, o ser víctimas de una reingeniería social que tiene objetivos poco claros en la búsqueda de un mayor bien para élites mundiales.
