Por Humberto Aguilar Coronado
El martes pasado se discutió en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Revocación de Mandato, que tiene por objeto regular todo el proceso, desde los aspectos preparatorios, hasta la conclusión con la declaratoria de revocación, en su caso.
La Ley reglamenta desde la petición ciudadana para solicitar la revocación de mandato, pasando por los actos previos a la consulta, la jornada de la consulta, el computo, los resultados, los requisitos para que la consulta sea vinculatoria, los medios de impugnación, hasta la separación del cargo del presidente de la República, cuando así resulte.
Será nuestro INE quien se encargará de verificar se cumpla con el requisito de que la solicitud de cumpla con el apoyo de por lo menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores; igualmente tendrá a su cargo la difusión del proceso, los actos previos a la jornada de revocación de mandato, la instalación de las casillas, el conteo de la consulta, así como dar el resultado del proceso.
Al Tribunal Electoral le corresponderá atender los medios de impugnación que se presenten con motivo del proceso y la emisión de la declaratoria de revocación, cuando proceda.
En el PAN no impulsamos el tema, porque creemos y confiamos en nuestro diseño institucional que permite estabilidad política y gubernamental, y en tiempos recientes, ha favorecido la alternancia política en nuestro país.
En su tiempo, no suscribimos la idea de que el presidente se tuviera que someter a una consulta por un tema de pérdida de confianza, la confianza en el gobernante se expresa en nuestra democracia representativa al generar mayorías a su favor o se rechaza a través de gobiernos divididos que abren la puerta al pluralismo en la deliberación de las agendas legislativas y la aplicación de las políticas públicas.
En lo que si creemos y es lo que nosotros promovemos, es una participación ciudadana mucho más activa para exigir a los gobiernos que cumplan con su trabajo y tengan buenos desempeños, para que haya transparencia y rendición de cuentas para que haya mejores ejercicios y escenarios de gobernanza en México.
La sociedad no es más o menos activa por participar en una consulta pública ni por legitimar a un presidente en el ejercicio de su encargo.
El gobernante debe concluir su mandato constitucional y es el ciudadano, si le ha perdido la confianza, en el día de la elección constitucional, cuando puede cambiar de opinión y votar en consecuencia.
Celebro que la colegisladora no haya caído en la tentación de dejar la pregunta, como se pretendía, para transformar el proceso de revocación de mandato en un ejercicio solamente de ratificación, lo cual, no solo habría desvirtuado la esencia de la reforma aprobada por el constituyente permanente; si no que además, habría sido una violación flagrante a lo mandatado por la propia Constitución, judicializándose seguramente, antes de entrar en vigor.
El Senado resolvió a medias el asunto, porque la propuesta original planteaba una pregunta que sugería la ratificación del mandato, pero lo que marca claramente la constitución es la revocación de mandato, que es la figura de democracia directa aprobada.
La redacción que propuso la colegisladora no conduce a dar una respuesta contundente a la revocación: Sí o No, sino que planteaba dos escenarios diferentes sobre los que la ciudadanía tendría que optar.
En Acción Nacional votamos a favor del dictamen por la responsabilidad que tenemos de que las cosas se hagan de mejor forma, aunque presentamos para discutir en lo particular varias reservas para que el presidente de la República no pueda incidir en la decisión de los ciudadanos, para checar las sanciones por incumplir los términos de la ley, y para determinar con claridad sobre la transparencia y fiscalización de los recursos a utilizarse.
Porque de nada sirve acudir a estos instrumentos para simular la apertura democrática, si en su diseño existen fallas de origen que revelan los verdaderos intereses e intenciones de quienes los promueven.
*Es Diputado Federal por Puebla
