Müller Risiken
Desde la formación del GAFI en los 90´s y la implementación de medidas tendientes a la identificación de fuentes para el financiamiento del terrorismo en México, las autoridades mexicanas han descansado la responsabilidad de la identificación de probables actividades ilícitas en los actores del sistema financiero así como en aquellos que trabajan en actividades vulnerables, situación obligada ya que estos pueden concurrir sin saberlo, en la participación de operaciones ilegales pero, existen actividades criminales con las que las mismas autoridades han sido omisas, actividades tales como la EXTORSION, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO y algunas otras que no han sido combatidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno y que a todas luces pueden considerarse como actividades que tarde o temprano podrían derivar en actos terroristas.
Pongamos como ejemplo los lamentables hechos ocurridos en el estado de Guanajuato, donde un mensajero entrega una caja y al momento en que el destinatario la abre, esta explota matando a dos personas hiriendo a siete y causando daños en el edificio y vehículos cercanos.
La Fiscalía del estado de Guanajuato declara que aparentemente el acto se debe a que los propietarios del establecimiento se negaron a pagar “derecho de piso” mejor conocido como extorsión. Por otro lado, en el estado de Quintana Roo, se tiene identificado desde hace años que existen bandas que cobran este “derecho de piso” en la quinta avenida de Playa del Carmen con consecuencias similares a las de Guanajuato.
En ambas entidades, la denuncia por casos de extorsión es muy baja, en parte por las amenazas contra la vida de los denunciantes, pero también por la inexistencia de resultados por parte de las policías estatales sin embargo el índice de denuncia solo refleja que, la ciudadanía ha tenido que adaptarse y aprender a lidiar con estos grupos.
Debido a que la definición de acto terrorista o de terrorismo es algo ambigua, reproducimos el texto establecido en el Código Penal Federal en su artículo 139:
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
En septiembre de 2020, la unidad de inteligencia financiera publicó el resultado de la Evaluación Nacional de Riesgos, en ella, se manifiesta que no existe terrorismo doméstico o internacional identificado en México, calificando esta amenaza como de probabilidad baja e impacto alto, sin embargo, esta información no es del todo cierta como podemos desprender de la misma definición contenida en el CPF.
El análisis de riesgos de financiamiento al terrorismo debe realizarse desde una perspectiva que contemple ciertas características de ingreso – egreso de recursos al sistema financiero ligado un mapa de amenazas cierto, pero también desde la consideración de las actividades delictivas que en los últimos años han crecido considerablemente en operación y nivel de violencia, a nadie conviene que se identifique al país como sede de actos terroristas.
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