En un foro de especialistas, la principal conclusión a la que llegaron los participantes, es cambiar o desmontar el modelo de seguridad, basado en la militarización que tiene México por ser fallido y advirtieron que ese proceso ha avanzado, independientemente del partido político en el poder.
Las fuerzas armadas tienen asignadas múltiples funciones civiles, muchas de las cuales no tienen que ver con la seguridad nacional, como es la vacunación contra el covid-19, la construcción de aeropuertos y trenes, por lo que es urgente cambiar el modelo.
Lo anterior se dio a conocer en una mesa de análisis denominada La Grave Crisis de Seguridad y su Militarización, durante la 14ª. Edición del Foro Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.
Señalaron que el Ejército y la Marina están relacionados con los trabajos de rescate después de los desastres naturales, lo que a la gente le pareció bien; después volvieron a salir de los cuarteles para enfrentar a la delincuencia organizada, lo cual le agradó a la población.
Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, explicó que el proceso de militarización ha avanzado independientemente del partido político en el poder, por lo tanto el papel de las universidades debe ser generar reflexiones y pedagogías en torno a un paradigma de seguridad diferente, para situar a las personas en el centro y defender los derechos humanos.
Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que en materia de seguridad el país está viviendo un retroceso ya que no es una política pública efectiva, además de que las fuerzas armadas son reacias a la rendición de cuentas y en el caso de México, se observa que a mayor militarización, hay más violencia contra los derechos humanos.
Catalina Pérez Correa, docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que entre 2006 y 2021 se han entregado a las Fuerzas Armadas 246 funciones civiles, de las cuales 140 no tienen información pública sobre el presupuesto que se les ha asignado.
Los investigadores coincidieron en que es necesario que los poderes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Congreso de la Unión actúen como verdaderos contrapesos al Poder Ejecutivo.
Periodista. Catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP. Pionera en Puebla de noticiarios y programas de radio con perspectiva de género desde 1997.
