La lucha contra el robo de combustible debe ser prioridad para el gobierno federal porque la gasolina o gas que roban es propiedad del Estado mexicano.
No solo eso: la infraestructura es considerada como estrategia para el gobierno nacional, además de estar a su resguardo y administración.
Es cierto también que el crimen opera en el estado de Puebla e infringe las leyes locales a cometer además del delito federal, otros del fuero común, por lo que es obligación estatal combatir a estas bandas.
Por supuesto que los ayuntamientos deben perseguir a estos fulanos porque es en sus demarcaciones donde ocurren los ilícitos, tanto de fuero común como federal.
Sin embargo, y claro que, sin dispensar obligaciones a las autoridades, es imprescindible que el ciudadano ayude a atrapar a estos maleantes porque sabe quiénes son y dónde viven u operan.
De hecho, el gobierno federal lanzó el 27 de diciembre de 2018 un número de teléfono de denuncia 01-800-228-9660.
Y en Puebla, los números de denuncia son el 089 y 911, pero realmente es muy importante la denuncia anónima porque no hay policía o acción de inteligencia policial que supere al vecino del maleante que puede advertir su operación.
Ojalá después de la tragedia en San Pablo Xochimehuacán veamos mayor colaboración entre autoridades y sobre todo más participación ciudadana.
Ayer que conversé con Gustavo Ariza, encargado de despacho de Protección Civil municipal me dijo que fueron 300 las viviendas afectadas, casi 100 con daño total. Esto debemos pensar para denunciar.
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