Las bancadas del PAN, PRI y PRD en San Lázaro, anunciaron que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del «decretazo» firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ocultar toda la información de las obras insignias de su gobierno, al considerarlas de interés público y seguridad Nacional.
En conferencia de prensa el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, señaló que la información de las obras del Gobierno como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, no compromete de ninguna manera la seguridad nacional, ni pone en riesgo el futuro de México.
Por su parte el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que es inconstitucional el decreto del presidente López Obrador, debido a que pretende ocultar y reservar toda la información de sus obras. «¿Cómo se gastó? ¿En qué se gastó? y ¿En dónde se gastó?
Afirmó que el decreto es un ataque a la libertad de más de 130 millones de mexicanos que tienen derecho a saber en qué se gasta el presupuesto.
«Es una flagrante violación al derecho de 130 millones de mexicanos de tener acceso a la información que es pública».
Jorge Romero Herrera
Decreto es legal, afirma Morena
Al respecto, la bancada de Morena en San Lázaro, afirmó que el decreto es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Presidente. “Su aplicación será de gran utilidad social y pública”.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que la emisión de decretos es una atribución del presidente de la República para la adopción de medidas que permitan el mejor funcionamiento de la administración pública federal. En todas las administraciones anteriores, los titulares del Ejecutivo Federal han ejercido esta facultad.
De manera categórica, aseguraron, que este decreto de ninguna manera atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y tampoco viola algún derecho de las y los mexicanos.
“El objetivo de este decreto es agilizar la realización de los proyectos de la administración pública federal y eliminar la excesiva burocracia. Con este decreto se protege la inversión pública. La obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos”.
Sostuvieron que las reacciones por parte de la oposición intentan desvirtuar lo que es una atribución constitucional del Presidente de la República, que favorece proyectos de gran utilidad pública.
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