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Bangkok. La junta militar birmana volvió este domingo a negar la masacre de 35 personas, incluidos 4 niños, el pasado 24 de diciembre, y dio más detalles de su versión en respuesta a la llamada de una investigación por parte de la ONU.
Las autoridades militares indicaron que el suceso ocurrió el pasado 24 de diciembre cuando unos soldados dieron el alto a unos vehículos que desobedecieron la orden, según una nota de prensa publicada en el medio oficialista Global New Light of Myanmar.
Agregan que los militares birmanos fueron a continuación atacados con lanzagranadas en la aldea Moso, en la localidad de Prusho, en el estado occidental Kayah (Karenni).
«Unos 10 terroristas que estaban en una colina con lanzacohetes, lanzagranadas de 44 milímetros y otras armas», dice la nota de prensa, que identifica a los atacantes como miembros del la guerrilla Fuerza Nacional para la Defensa Karenni (KNDF, en inglés) y de la Fuerza de Defensa del Pueblo.
Las autoridades indican que respondieron con fuego y que mataron a varios de los atacantes.
La nota es una respuesta al coordinador de Naciones Unidas para la ayuda de emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, que el 26 de diciembre condenó la masacre y pidió una investigación.
«Informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, incluido al menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas», aseguró Griffiths en un comunicado en el que se mostró «horrorizado» por lo ocurrido.
La ONG Save the Children confirmó más tarde que dos de sus trabajadores se encontraban entre los cadáveres calcinados descubiertos el día 25, así como al menos cuatro menores.
La matanza también fue condenada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que pidió una investigación y destacó la «necesidad de asegurar la rendición de cuentas en torno a este hecho» y el respeto por «los derechos humanos y la seguridad de los civiles».
Birmania ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder el 1 de febrero de 2021 en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, actualmente bajo arresto.
Además de protestas pacíficas y un movimiento de desobediencia civil, se han formado milicias civiles que han tomado las armas junto a las guerrillas étnicas que llevan en conflicto con el Ejército birmano desde hace décadas.
Once meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha casi 1.400 muertos y más de 11.200 detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP) birmana.
