Una de los argumentos centrales de la defensa de la contrarreforma constitucional en materia eléctrica es que se mantendrá un “Mercado verdadero” porque el 46 por ciento de la energía se le comprará a privados y que ese 46 por ciento es incluso de mayor tamaño que el mercado eléctrico de otros países.
¿Es esto cierto? Más allá de las empresas de generación, a usted y a mi ¿Nos conviene?
Veamos.
Dividiré las centrales eléctricas en dos tipos: las que generan energía para privados y las que lo hacen para servicio público. Las que generan para privados, ya sea mediante mercado eléctrico (después de la reforma de 2013) o autoabastecimiento (antes de esa reforma) llegan a acuerdos con los privados y el costo es asunto de ellos.
Pero luego están los que venden a CFE para el servicio público, que son productores independientes de energía (o PIE) y generadores de subastas.
Ambos fueron contratados mediante concursos públicos, ya sea en licitaciones públicas internacionales (los PIE) o mediante subastas, también públicas. Los ganó quien hizo la mejor oferta posible.
¿Que sucedería con la reforma?
Que todas estas centrales, tanto las que generan para privados como las que generan para el servicio público, perderán sus permisos y deberán ponerse de acuerdo con CFE para venderle, solo a ella.
El problema es que eso de “ponerse de acuerdo” es en total opacidad.
La reforma plantea que el 46% de la energía contratada sea con modelos hechos por fuera del artículo 134 de la Constitución.
¿Que dice ese artículo?
Es el que compromete que las contrataciones del sector público deben ser en concursos públicos abiertos, transparentes, para garantizar economía y eficacia.
De haber contrareforma esto no será y se dejará a tratos nada claros este tipo de contrataciones.
¿Quien pierde ahí?
El usuario y la nación.
Imaginen que su presidente municipal de repente cierra el mercado público y deja de responsable al dueño de una de las tiendas. Ese responsable sólo abre su tienda y no le permite abrir a los otros locatarios. Pero como no tiene todo lo que necesita para venderle al pueblo, decide que a los otros locatarios les comprará para revenderle a usted, siempre que no sea más del 46% de las ventas totales las que les compre a ellos. Y les comprara en negociaciones en lo oscurito.
Si quiere comprar para tener alimentos, solo podrá comprarle a ese locatario. No hay opciones. Pero además deberá comprar al precio que él quiera, pues esa autoridad le dieron.
¿Le gusta la idea?
Pues es justo así como funcionaría el sistema eléctrico con la contrarreforma, con una diferencia. Si en su pueblo pasa eso en el mercado público, usted podría moverse a un pueblo vecino a comprar cosas, pero la electricidad no la puede traer así. O sea, que si quiere tener electricidad en México, deberá ser bajo esas condiciones.
Más allá de las empresas, que podrían ponerse de acuerdo, con la contrarreforma perdemos los consumidores.
Un presidente municipal de un pueblo debería buscar ampliar las opciones para que la gente tenga donde comprar, no permitir que haya una sola persona que venda (monopolio). Construir un sistema eléctrico que beneficie a los consumidores debe ser la prioridad de cualquier gobierno, no dar prioridad a una sola empresa, aunque sea del propio Estado.
La orientación de las decisiones tan técnicas como la forma en que se administra el sistema eléctrico debiera basarse en argumentos y bases técnicas, dejando de fuera lo político, que terminaría por arruinar todo. Que hasta puede dar un monopolio indeseado.
