El patronato de la Universidad de las Américas Puebla encabezado por Horacio Magaña, con el aval de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, dio a conocer que ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública estatal intervenga para que la doctora Cecilia Anaya Berríos asuma las funciones que orgánicamente tiene conferidas por la Fundación Mary Street Jenkins y se reestablezca, a la brevedad posible, la normalidad en la Universidad, sin que ello signifique que dejen el control de la Universidad.
En un comunicado, el patronato legalmente constituido informó que el viernes pasado, se consignó ante un juez civil del Estado de Puebla, en vía de jurisdicción voluntaria, la posesión plena del campus de la Universidad y de todos sus accesorios, en beneficio de la Doctora Cecilia Anaya, en la calidad que ostenta dentro del cuerpo directivo de la Universidad. Esto significa que la Doctora Anaya está en condiciones de asumir la posesión jurídica y material de la Universidad, así como la administración, conducción y representación de la Udlap, tan pronto como lo disponga.
«Tal y como lo instruyó la Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, este Patronato solicitará los buenos oficios de la Secretaría de Educación Pública del Estado con el fin de que la Doctora Anaya asuma las funciones que orgánicamente tiene conferidas y se reestablezca, a la brevedad posible, la normalidad en la Universidad.
«Esta mañana, el representante legal de este Patronato se ha desistido de la acción civil que se promovió ante el Juez 24 de la Ciudad de México, por lo que la Universidad no se encuentra ya bajo ningún procedimiento de naturaleza administrativa o jurisdiccional que pueda afectar su funcionamiento o actividades. A partir de este desistimiento, no cabe la excusa de la prevalencia de alguna suspensión de amparo».
Pero se insiste que no quiere decir que los procesos penales correspondientes a nivel federal y local no sigan, por el contrario continúan.
En este sentido, el patronato de la Fundación UDLAP hizo un llamado a todas las partes a que la Universidad se mantenga fuera del conflicto legal sobre la integración de los patronatos y sobre la legalidad de los actos de disposición del patrimonio fundacional.
«La vía inmediata para que la Universidad recupere la normalidad es que sus autoridades asuman ante el juez civil la posesión plena del campus y ejerzan las funciones que les corresponden conforme a su estatuto laboral.
«El futuro de la comunidad UDLAP se resuelve en las aulas y laboratorios, no en los tribunales. Reconocemos la participación de los estudiantes que, con su actuar contribuyen al crecimiento de la Universidad, lo que dará como resultado la formación de excelentes profesionistas, pero sobre todo, de personas con un profundo sentido social y ético que ayudará en el desarrollo y bienestar de nuestro país», se explica en el comunicado.
También, el patronato agradeció a Armando Ríos Piter, quien presentó su renuncia como rector de la UDLAP, por su disposición, su entrega y compromiso, lo que dejó testimonio de su esfuerzo por normalizar la situación en la UDLAP.
Finalmente, el patronato recordó que como es de conocimiento público, en el año de 2014 el antiguo Patronato, junto con los familiares del difunto William Jenkins y un equipo de abogados, desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins a través de un complejo esquema ilícito de simulación de actos, lo cual, al día de hoy, tiene a los probables responsables con órdenes de aprehensión libradas por jueces locales y federales, por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero.
En este sentido, se han realizado las auditorías internas y promovido las acciones legales pertinentes para garantizar que los bienes que conforman el patrimonio fundacional se destinen a su objeto y fines.
«Se han denunciado los hechos contrarios a la ley, tales como cuantiosas operaciones simuladas y transacciones irregulares realizadas con recursos de la Universidad de las Américas Puebla, entre otros. Se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar que continúe la sustracción ilícita del patrimonio».
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