Ya sea por razón de género o en cuestión socioeconómica, los grupos vulnerables se ven sujetos a estructuras que sostienen modelos de opresión basados en el racismo, el capitalismo y el patriarcado.
Las violencias están presentes en todos los ámbitos de la vida en sociedad y son producto de un sistema de estructuras jerárquicas que colocan en especial vulnerabilidad a las mujeres y a las personas en situación de pobreza. Ambos grupos han sido estudiados por académicos de la IBERO Puebla con el fin de entender los contextos de riesgo y actuar sobre ellos.
Universidad segura para las mujeres
Desde enero de 2020 han existido diálogos exploratorios para recuperar voces de la Comunidad IBERO Puebla con miras a construir espacios para la convivencia sana. La recolección de testimonios contribuyó a establecer las bases para un nuevo sistema de justicia escolar, mismo que arrojó una serie de datos interpretados y sistematizados por la Dra. Galilea Cariño Cepeda, responsable del Programa de Prevención de Violencias.
De acuerdo con múltiples encuestas y entrevistas, hasta 64% de las faltas denunciadas en el campus fueron sufridas por mujeres; la violencia de pareja fue la más recurrente. Las aulas se colocan como el principal escenario de agresiones, muchas veces en forma de conductas sexistas.
El 29 por ciento de las víctimas acudió a denunciar a la Procuraduría de Derechos Universitarios. Sin embargo, las valoraciones sobre las capacidades institucionales ilustraron carencias en la operatividad. Apuntó Cariño Cepeda: «Ahí pudimos identificar factores en la atención como el tiempo, la burocracia, los criterios de confidencialidad…».
Dichos factores contribuyen a la impunidad, pero también a una mirada punitiva por parte de las víctimas. La criminóloga explicó que la insatisfacción de larga data hacia las instituciones ha llevado a demandar acciones como muerte académica e intervención de instancias estatales.
Como respuesta, la Universidad Jesuita ha desarrollado un enfoque global de sistemas para eliminar las violencias en tres bloques de prevención: la acción previa general, la incidencia en violencias recurrentes y el trabajo a largo plazo para la no repetición.
El estudio, expuesto por Galilea Cariño en foros de universidades jesuitas, ha permitido repensar las violencias como fenómenos que ocurren dentro de las dinámicas internas de la institución, pero que no son ajenas al exterior. Además, ha abierto el camino a explorar políticas y acciones relacionadas con reparación de daño, masculinidades y transversalidad de la perspectiva de género.
Un esfuerzo paralelo fue emprendido por la Dra. Claudia Alonso González, quien entrevistó a 58 alumnas de todos los departamentos académicos con el fin de encontrar focos rojos en materia de violencia sexual y psicológica. Las jóvenes relataron que sus capacidades, particularmente en ingenierías, son subestimadas. Además, existen estigmatizaciones específicas hacia quienes se adscriben como feministas.
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«Hay un grupo que está a punto de entrar al laboratorio con bata. El profesor le dice a la estudiante que lleva escote: ‘abróchese porque me distrae’. Todo el grupo se ríe».
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La violencia psicológica entre pares se da en los proyectos en equipo, cuando a ellas se les asignan responsabilidades tradicionalmente vinculadas a la feminidad. Además, se recurre al apelativo «puta» para cualquier conducta que rompa con las normativas patriarcales. También se pone en entredicho la reputación de las jóvenes cuando, en un cortejo, el varón es rechazado, o bien, cuando hay un intercambio sexual y el hombre difunde detalles al respecto.
Fuera del campus universitario, las jóvenes identificaron el trayecto de regreso a casa tras una noche de fiesta en la que se consumió alcohol como un espacio de alta vulnerabilidad. «Estas agresiones vienen comúnmente de una persona cercana, alguien que se considera ‘el mejor amigo'», advirtió Alonso González.
Violencias económicas
La vejez debería ser la etapa de plenitud del ser humano. Sin embargo, los aspectos estructurales y personales pueden determinar la experiencia de vida en la tercera edad. Para las personas migrantes, el proceso de envejecimiento puede convertirse en un tobogán de vulnerabilidad.
En 2013, alrededor de 711,000 poblanos radicaban en Estados Unidos. Casi la mitad de los compatriotas no tienen permiso para trabajar, lo que los priva de tener acceso a servicios de salud. Debido a que se emplean principalmente en actividades de servicios y construcción, y sus jornadas superan las ocho horas diarias, su bienestar, inicialmente buena, comienza a menguar.
Como observó el Dr. Miguel Ángel Corona Jiménez, académico de la IBERO Puebla, la COVID aceleró el regreso desde Estados Unidos de adultos mayores, quienes difícilmente podrán insertarse en el mercado laboral. Sin un patrimonio ni la posibilidad de trabajar, las personas se ven atrapadas en la marginación económica y de salud.
Gracias a la extensión de la esperanza de vida, las poblaciones humanas han comenzado a mirar la vejez desde una perspectiva de derechos humanos. «El envejecimiento es parte de la vida. Si se busca que la población adulta mayor se encuentre en condiciones de salud y pueda desarrollar en plenitud sus capacidades entonces es necesario intervenir en todas las etapas de la vida«, sumó el Dr. Miguel Calderón Chelius.
De acuerdo con el INEGI, más del 60 por ciento de la población adulta mayor de Puebla no trabaja; tres de cada diez adultos mayores en Puebla viven en pobreza. El responsable del Observatorio de Salarios atribuye este último dato a que los adultos mayores viven menos o son absorbidos en otros hogares.
Tal como ocurre con la migración, el desarrollo urbano es una forma de segregación de las poblaciones más vulnerables. La colonia popular Valle del Paraíso es un ejemplo claro de la marginación socioterritorial, pues las políticas de la ciudad de Puebla han contribuido a la generación de círculos de pobreza pese a su cercanía con zonas de alto nivel económico.
Un estudio encabezado por la Mtra. Mar Estrada Jiménez, coordinadora de la Licenciatura en Economía y Finanzas, encontró que la población indígena ha sido desplazada hacia las periferias urbanas, donde vive con faltas de acceso a servicios básico e infraestructura básica.
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