Colombia ha sido el último de los países latinoamericanos en unirse a la marea verde que desde hace pocos años avanza por Latinoamérica, otorgándole el derecho fundamental al aborto a las mujeres, mientras las de Estados Unidos ven peligrar su poder de decisión sobre su propio cuerpo.
‘Histórica’ fue la palabra más repetida el 21 de febrero, día en que la Corte Constitucional colombiana decidió, tras más de 500 días aplazando el debate, que no iba a sacar el aborto como delito del Código Penal como pedían las feministas, pero que sí lo iba a despenalizar hasta la semana 24 de embarazo.
‘Histórica’ porque ponía, tras años de luchas feministas, a ‘Colombia a la vanguardia de América Latina y el Caribe’, en palabras de Ana Cristina González Vélez, una médica colombiana pionera de Causa Justa, el movimiento que impulsó la despenalización en el país.
‘Histórica’ en un país en el que durante el tercer trimestre del año pasado se dispararon un 19 por ciento los partos en niñas menores de 14 años y donde entre el pasado julio y septiembre más de mil 300 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres sin llegar a ser adolescentes y casi 28 mil de entre 14 y 19 años también tuvieron un bebé.
La decisión de la Corte es una victoria en ‘una batalla que tiene 40 o 50 años’, recuerda Vélez, quien resalta que ‘nos demoramos mucho hasta el 2006 para sacar a Colombia de la penalización total y ahora nos demoramos 16 años, pese a que sabíamos que las mujeres enfrentaban barreras, que la mayoría de abortos eran ilegales y que las mujeres eran criminalizadas’ por ello.
Ahora el reto está en socializar la decisión y sortear esas barreras que hacen que, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), el 88 por ciento de las mujeres que han abortado en sus clínicas hayan reportado haberse enfrentado a obstáculos para interrumpir su embarazo.
Argentina prendió la mecha
La marea verde tuvo su gran inspiración en Argentina, donde tras años de multitudinarias marchas y de esperar en vilo las votaciones en el Congreso y Senado, los movimientos feministas lograron, en diciembre de 2020, la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación.
Las feministas argentinas no sólo le reclamaron al Estado una ley, sino que trabajaron ‘la idea de la despenalización social del aborto’ que implicó armar redes de profesionales de la salud, de la comunicación, de docentes, de socorristas, de género para mostrar el aval de la sociedad.
La Campaña Nacional por el Derecho Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina se lanzó en 2005 y convirtió el pañuelo verde, que evoca a las Madres de Plaza de Mayo, en un significante para la lucha por el aborto, según reivindicó la socióloga María Alicia Gutiérrez, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires.
En 2015 comenzó la articulación de demandas que desembocaron en el hito de 2018, cuando la legalización del aborto fue debatida por primera vez en el Congreso y, aunque el Senado la rechazó, se produjo un intercambio intenso, acompañado en las calles con multitudinarias manifestaciones públicas.
El esfuerzo continuó hasta que el Gobierno de Alberto Fernández despenalizó el aborto con una ley a finales de 2020.
‘El éxito de la Campaña tuvo que ver básicamente con focalizar en un objetivo y sostener contra viento y marea ese objetivo’, explica Gutiérrez, en un mantra que siguieron las compañeras de la Causa Justa colombiana: el de la unión a pesar de las ‘enormes diferencias políticas’ entre los integrantes.
La puerta abierta en México
A pesar de que la interrupción del embarazo es legal en solo seis estados mexicanos, algunos de ellos son pioneros en este derecho en todo el continente, como Ciudad de México que cuenta desde 2007 con una legislación para garantizar el derecho al aborto.
El año pasado el aporte mexicano a la marea verde fue la aprobación de la despenalización del aborto hasta la semana doce de gestación en los estados de Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima, que se produjo con una decisión histórica de la Suprema Corte, votada por unanimidad, que declaró inconstitucional el Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente o con consentimiento practicara su aborto.
La decisión del Supremo solo invalidó el Código Penal del estado en cuestión, pero sentó un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.
‘Ahorita sí creo que estamos viendo cambios importantísimos en el reconocimiento del acceso al aborto’, califica Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en México.
La crecida del maremoto verde ‘ha sido fundamental’ para conseguir este tipo de logros en una región donde las tasas de mortalidad materna podrían verse reducidas con abortos seguros y legales.
Fabiola Fernández (nombre ficticio) cuenta que en abril del año pasado, luego de un embarazo no deseado, decidió acudir a una clínica de la Ciudad de México para realizar la interrupción legal, un proceso que fue sencillo y gratuito, además de que en ningún momento se sintió juzgada por su decisión. ‘No me arrepiento’, dice la joven.
Ella se siente afortunada por haber tenido el acceso a interrumpir su embarazo:
«Es muy esperanzador que el mundo se vaya abriendo poco a poco, que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y tomar nuestras decisiones. Ser madre es una decisión y una responsabilidad».
El contrapunto estadounidense
Mientras la marea avanza en el sur, la resaca azota a Estados Unidos: todo apunta a que la mayoría conservadora en la Corte Suprema restringirá el derecho a abortar en el país en junio o julio, cuando decidirá sobre un caso que contradice abiertamente su sentencia ‘Roe versus Wade’.
Desde que el Supremo emitió esa decisión en 1973, el aborto es técnicamente legal en Estados Unidos hasta alrededor de las 24 semanas de gestación, pero en la última década se han aprobado cientos de medidas en varios estados conservadores con el objetivo expreso de anular esa garantía.
En Texas ya lo han conseguido: desde septiembre rige –con el beneplácito del Supremo- un veto casi total al aborto, sin excepciones para casos de violación o incesto, que ha obligado a cientos de mujeres a recorrer distancias enormes para llegar a estados donde la interrupción del embarazo sí es legal, y que ha inspirado a otros estados, como Florida u Ohio, a impulsar legislaciones similares.
Ese será el panorama en la mitad de Estados Unidos si el Supremo anula su decisión de 1973; se espera que 26 estados de tendencia conservadora restrinjan el aborto, lo que dejará en limbo a millones de pacientes en el país, donde la mayoría de las mujeres que tratan de abortar son pobres y en muchos casos no pueden permitirse viajar a otros estados.
‘Nos sentimos muy pesimistas y estamos preparándonos para lo peor’, dijo la directora ejecutiva de la mayor clínica abortista de Ohio, Jen Moore Conrow.
Estados Unidos, que se uniría así a Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador en la lista de países donde está prohibido abortar, evidencia que los derechos de las mujeres están siempre en jaque, a pesar de las conquistas.
‘Las mujeres jóvenes no nos lo vamos a dejar quitar y pueden que cambien las normas, pero las mujeres están ahí para disputarlo y sobre todo para hacerlo una realidad’, manifiesta la activista colombiana, en una actitud unánime y presente en todo el movimiento feminista del continente.
EFE
Con los aportes de Irene Escudero desde Bogotá, de Verónica Dalto desde Buenos Aires, de Cristina Sánchez Reyes desde Ciudad de México y de Lucía Leal desde Washington.
Fotos de EFE y Twitter @clarasandoval y @El_UniversalMx
