A pesar de los llamados de atención de organizaciones internacionales al Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador para que cese el hostigamiento a la prensa en México, sigue siendo recurrente y sistemática su exhibición y estigmatización en los diversos canales de comunicación oficiales.
La manifestación en diversas entidades del país para que acabaran los ataques hacia los periodistas y comunicadores, el pasado mes de enero, por los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, ambos de Baja California, y José Luis Gamboa de Veracruz, no solo no surtieron efecto sino que fue una afrenta a la que se respondió con más crímenes.
El mismo mandatario federal ha manifestado claramente de qué lado está, pues recomienda a un cártel mejor cambiar de nombre para no desprestigiar a su estado que anunciar una estrategia de seguridad, mientras que al periodista que se encarga de revelar lo que ocurre en el país le aplica una táctica de desprestigio.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado la alarmante «cifra récord» de periodistas asesinados en lo que va del año en México con crímenes relacionados a su trabajo.
Y es que parece fácil para cualquier sector de la sociedad atacar a un profesional de la comunicación cuando el principal líder de México no sólo no respeta el trabajo e investigación sino que lo ha convertido el principal enemigo del Estado al calificarlo con una serie de adjetivos, conocidos por todos, que incitan al odio y provocan un desprecio casi inmediato.
Lo que no se han dado cuenta todos aquellos que concuerdan con la idea del presidente es que la libertad de expresión es uno de los principales derechos de las personas que promueve la protección de otros.
También, que una característica de los estados totalitarios que la libertad de prensa y expresión sea casi nula porque la idea es que la masa piense y haga lo que dice el líder en turno, es decir, si pide que regale su hogar a la causa del partido en el poder o del Gobierno, lo tenga que hacer.
Por eso se intenta apagar las voces que piensan de manera diferente al mandatario, para que la doctrina de este Gobierno, que ha mostrado poca tolerancia a la libertad de otros, no encuentre resistencia.
Corresponde también a la sociedad civil hacer conciencia sobre el riesgo que corre la libertad de pensamiento y expresión que, de acabarse, tendría importantes consecuencias como lo es consolidar un pensamiento único como en cualquier país comunista.
