El evento más relevante de la semana ha pasado casi desapercibido en las notas de los diarios y medios electrónicos. No tiene que ver con la guerra en Ucrania ni la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en tanto líder político y militar de la OTAN, como tampoco con las banalidades derivadas de las cortinas de humo para distraer del estado doméstico de lo político. Entre lo nacional-regional e internacional esta la invocación y otorgamiento de “régimen de excepción” que solicitó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al parlamento y le fue concedido, otorgando poderes excepcionales a las fuerzas policial y militar. Si el fin se determinó como la contención a la violencia pandilleril, la suspensión de garantías individuales es contra la población civil como un todo. Antes que opinar sobre la especificidad del caso salvadoreño y la privatización de la violencia vía “proxy”, para el cuál se cuenta con magníficos trabajos de investigadores, me interesa plantear los desafíos regionales que implica la invocación del estado de excepción.
El estado de excepción no es nuevo en la teoría y práctica política, pero sí vio un auge en su estudio y debate tras la publicación en 1995 de HOMO SACER por parte de Giorgo Agamben. Para 1998 se contaba ya con traducciones disponibles a la mayoría de los idiomas europeos del original en italiano y como tal se debatió un lustro completo—al menos—en seminarios de teoría y filosofía política, buscándole aplicaciones y confrontaciones en historia, etnografía, además claro de literatura creativa, comparada y toda suerte de críticas emergentes (feminista, poscolonial, etc). El autor mismo pasaría de ser conocido como traductor de densos textos filosóficos académicos del alemán al italiano para convertirse en un teórico de derecho propio con subsiguientes volúmenes, entre los que destacará sobre todos ESTADO DE EXCEPCIÓN (disponible en español desde 2004, como el grueso de su obra posterior a 1998 en editorial Pre-Textos). En ambos libros referenciados y sobre-simplificando, Agamben alerta que en las democracias del periodo moderno hay un claro faltante político que corresponde a la soberanía. Si ella radica en las poblaciones hechas pueblo a través de su representación parlamentaría no hay quién pueda ejercerla en el estado de derecho. Ha de ser en el estado de excepción que una figura con poderes dictatoriales lo haga, pero para ello debe estar por encima y ser la encarnación de la soberanía y ley en su excepcionalidad. Usualmente en la figura del ejecutivo en la mayoría de los regímenes modernos, pero con poderes que tienen antecedentes que emanan de una oscura figura del derecho romano antiguo: SACER, aquel que es “asesinable” pero insacrificable. Descifrar la constelación de figuras jurídico-históricas con nociones políticas de la democracia y dictaduras, así como la posible aplicación o no en casos concretos contemporáneos, animó al mundillo académico hasta el devenir de las epidemias y pandemias que nos han sumido en festines apocalípticos zombis.
Y, frente a nosotros con todos sus elementos está ocurriendo actualmente en El Salvador. La violencia de las pandillas no es un elemento ni externo (llevado por los deportados del Este de los Ángeles, donde las desarrollaron contra las de mexicanos), ni constante en la historia de El Salvador (pues se desarrolla justamente tras los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec en 1992). Es pues parte de la normalidad política de la transición a una democracia híper-violenta y la violencia política subrogada. Puede decirse, sin ambages, que es la continuación de la guerra de los mil novecientos ochentas (quitando y poniendo un par de años) por otros medios. Los escándalos de autoridades de ambos bloques de fuerzas políticas beligerantes y electorales en los partidos ARENA y del Frente Farabundo Martí negociando con las distintas pandillas y sus líderes en prisión bajo la tutela de la iglesia católica son tan ubicuos que dejaron de serlo. Se sabe son esa parte que sin caber en la democracia procedimental ha de incorporarse extra legalmente para garantizar la gobernabilidad y terminajos cognados (gubernamentalidad, gobernanza, buen gobierno, etc). Y si se hace será desde la excepcionalidad que dan el tamaño de las pandillas, las prisiones hechas para cada una de ellas con el control que se les ha pignorado de vastos espacios y territorios sobre poblaciones perfectamente identificables como clases o sectores de la economía y sociedad.
Es precisamente el presidente joven, carismático, desenfadado y tuitero, que dice representar a los nacidos tras los Acuerdos de Paz e instauración de esa imperfecta, inacabada e imposible normalidad democrática, quién al tiempo que exige superar ese pasado, invoca para sí la figura del soberano, definiendo la ley estando por encima de ella en el estado (él lo llamó régimen) de excepción. Arrestos y aplicación de la fuerza necesaria no lo requieren. Sí hacerlo sin los procedimientos judiciales previos y posteriores. Restringir las libertades y garantías más básicas de la población civil como la de asociación también. Ahora, es bien sabido que no será generalizado sino focalizado el ataque a quién quieran hacer pasar como aquello que la excepción demanda.
El argumento de “si usted no es pandillero no se preocupe” es falaz y pueril pues supone los pandilleros están divorciados de las poblaciones entre las que viven y a las que depredan, así como de los negocios y configuraciones políticas que los emplean y sostienen. No es posible, simplemente suponer irán contra las nóminas de las pandillas. Sí contra los liderazgos medios. Lo relevante es el contubernio que se da entre el ejecutivo y legislativo, así como de la alianza de clases dominante para emplear esa figura consustancial a la democracia e imponer tanto impunidad como terror. Sabemos no toda la población civil estará igualmente expuesta a esta medida de fuerza y atropello, como que tampoco se resolverá el uso de las pandillas para el amedrentamiento y control territorial. Sí que esta es una negociación con los liderazgos encarcelados, por un lado y contra la población civil por el otro.
Puede decirse y con razón, que Bukele hizo por la vía legal lo que Daniel Ortega lleva años festinándose por la bestialidad de los hechos sobre el suelo sin mayor reparo en las instituciones o formas. Habrá incluso quién diga es digno de elogio por ello, pero ninguna atenúa el peligro que es la adopción del estado de excepción como paradigma y no simple recurso de gobierno. En las bengalas que ambos han disparado se verán oportunidades antes que crímenes y a nivel estatal en México sobran candidatos para el ensayo.
