Las leyes no deben subestimarse en un estado democrático, ya que sirven para organizar actividades, regular el comportamiento de los habitantes de una nación, así como para determinar el funcionamiento de las instituciones.
Es por medio de ordenamientos como se puede dar cauce al desarrollo de las sociedades, quienes, sin un orden tenderían tal vez a desaparecer.
Es entonces que el Imperio de la Ley se convierte en requisito indispensable para tener una vida con justicia, pacífica, en la que las personas convivan de manera civilizada porque sin excepción están sometidas a reglas.
Sin embargo, en años recientes hemos sido testigos de cómo las normas establecidas en nuestro país, aquellas que le dan viabilidad, se han visto amenazadas con actos que van en sentido opuesto al violarse de diversas formas por parte de los funcionarios del Gobierno federal, que se supone deben poner el ejemplo.
Casos como la transgresión constante al Estado laico por parte del Poder Ejecutivo al hacer mención de líderes religiosos y usar simbología que hace referencia, la suspensión del derecho a la salud a través de la negativa de las autoridades encargadas de dar tratamientos oncológicos o recientemente la violación a la veda electoral, son algunos sucesos que evidencian el deterioro del orden legal.
«Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley», destacó el mandatario federal durante la discusión de la reforma eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y calificó a los ministros como abogados que «defienden el interés público o los intereses patronales». Al final dicha reforma fue declarada constitucional.
No obstante, la frase no solo levantó revuelo en diversos canales de comunicación sino que prendió las alarmas sobre la estima que tendría el presidente de un país a las decisiones que puede tomar el máximo tribunal de justicia, y no solo eso, sino a las propias leyes.
Si existe desprecio de las normas por parte del máximo dirigente de México, entonces nos atrevemos a pensar que hay un deseo porque se aplique el dicho: «el Estado soy yo», interpretado como el gobernante en turno representando al Estado, cuya voluntad es Ley suprema, aunque no sea la mejor para todos, además de ser una de las características de una monarquía, no de una democracia como la que el Gobierno actual heredó.
