Antes que otra cosa, creo que debemos explicar qué ha sucedido con la reforma energética de 2013 y que viene en términos generales.
La reforma ha tenido un sólo cambio sustantivo, que fue la reforma de marzo de 2021, llamada Ley Combustóleo y que la corte parece haber decidido no declarar inconstitucional. Pero al menos al momento, está suspendida su aplicación por cientos de juicios de amparo que están en proceso de resolución y que tienen suspensiones definitivas. Hasta que se levante la ultima suspensión, no se puede aplicar la reforma. Cuidado, los amparos podrían llegar a la corte y con una mayoría simple (voto de 6 ministros, de 7 que ya hicieron ver su criterio contra la reforma) serían otorgados y afectarían la aplicación de la ley.
Pero viene algo más. Una vez que se inicie la aplicación, si alguien siente vulnerados sus derechos, podría presentar un nuevo amparo y otra vez, frenar la aplicación.
Eso nos puede tomar todo el resto del sexenio o de la legislatura y que, en 2024 y ante la posible composición distinta de las cámaras, se corrijan los grandes errores de la Ley Combustóleo.
Por otro lado, se frenó el cambio constitucional en el sector eléctrico, que hubiera sido un camino de no retorno en la degradación del sistema eléctrico.
Entonces, vienen dos años de parálisis en el sector eléctrico.
Pero ese es también el problema. Me explico.
Desde el tres de diciembre de 2018 el sector eléctrico se frenó poco a poco. Cancelaron subastas, lo que frenó la bajada de costos de generación de energía eléctrica que llevaba una dinámica interesante entre 2015 y 2018. Se cancelaron las licitaciones de líneas de transmisión, que permitirían instalar más eólicas en Oaxaca y otra que conectaría a Baja California con el resto del sistema, lo que hubiera mitigado los problemas de insuficiencia energética que tiene la península.
También se han frenado permisos de generación, que llegaron a ser 83 sin resolverse. Todos ellos proyectos que agregarían energía eléctrica generada ya fuera por gas o por renovables, lo que baja el costo de la energía.
Además de eso, hay proyectos que han sido frenados por falta de resoluciones en materia ambiental y social, mediante tortuguismo administrativo, ya sea desde SENER, CRE o SEMARNAT. El mismo Centro Nacional de Control de Energía ha frenado la entrada de centrales de generación por asuntos administrativos absurdos.
¿Cuál es el problema de todo esto?
Que aunque el gobierno diga que hay sobrecapacidad de generación de energía eléctrica, la realidad es que buena parte de ella es muy cara y/o de plano su edad la hace poco confiable para operar, además de que hay regiones del país con alta deficiencia de energía, como la península de Yucatán, la de Baja California y la zona centro y occidente del país.
La pandemia y la caída en la demanda industrial de energía hicieron que la falta de capacidad de generación de energía eléctrica no se notaran tanto. Sin embargo, la postpandemia y la posible alza en la demanda eléctrica terminarán por revelar que si hace falta energía, sobre todo en las zonas antes mencionadas.
Esto significa apagones que se podrían manifestar de dos maneras: “tiros de carga” lo que significa que se desconectarían temporalmente algunas partes del sistema para evitar apagones mayores. Esta es la mejor escapatoria que, de no hacerse, significaría apagones mayores con daños al sistema.
Pero que quede claro desde ahora, estos apagones que vendrán no serán producto de falta de una reforma, sino consecuencia directa de las decisiones políticas que terminaron por frenar decenas de proyectos en desarrollo o ya listos para operar.
Los apagones, que lamentablemente pueden venir en las horas de más alta demanda, desde ahora y tal vez hasta 2026, serán sólo culpa de este gobierno y su decisión de querer someter a todos los participantes del sector eléctrico a las decisiones de una sola persona… que ni siquiera entiende de electricidad.
