Más allá de querer polarizar y dividir al país, la iniciativa de reforma electoral que presentó el PRI, es un camino para construir consensos y acuerdos entre todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, con la finalidad de sacar adelante un proyecto legislativo que beneficie a México y a la democracia.
Y es positivo que se busque reformar la ley electoral, ya que toda legislación es perfectible y se debe de adecuar a los tiempos que vivimos.
Cabe destacar que la propuesta del PRI comparte ciertas coincidencias con el proyecto de Morena en materia de reducción de legisladores, pero con una visión totalmente diferente que respete la importancia de la representación territorial de mayoría y también de representación proporcional.
Asimismo, con el Partido Acción Nacional compartimos la propuesta de implementar la segunda vuelta para la elección presidencial, de combatir la injerencia del crimen organizado y la defensa de los órganos electorales. El PRI de ninguna manera permitirá que se debilite al Instituto Nacional Electoral (INE), al contrario, vamos por su fortalecimiento para que siga siendo garante de los procesos democráticos en el país.
La iniciativa del PRI profundiza en temas como el Observatorio Electoral, el financiamiento de los partidos políticos y la introducción de la figura de Vicepresidencia.
La enmienda priista plantea reducir las diputaciones de 500 a 300, estableciendo 150 diputados de mayoría relativa y 150 de mayoría proporcional, limitando la sobrerrepresentación, lo que representa un ahorro de mil 730 millones de pesos.
El segundo punto, establece la segunda vuelta para la elección presidencial, el candidato debe ganar con más del 50 por ciento de votos sino en automático aplica la segunda vuelta; el tercer punto, busca crear la figura de vicepresidencia de la República, un acompañamiento directo con el presidente y asistiría al Senado con voz, pero sin voto.
El cuarto propone, mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, que permita la libre expresión de gobernantes y particulares, pero sin recursos; el quinto aborda la reducción del financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global.
El sexto punto remarca el combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, debido a que cada vez es más constante la presencia de estos grupos delictivos que tanto llevan gente a votar como recurren al asesinato de candidatos.
En el séptimo punto se innova con el voto electrónico en modalidad de urna electrónica, para abaratar los costos de la elección presidencial; en el octavo se incluye la nacionalización plena de comicios federales y locales, que defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) con un presupuesto de cálculo fijo.
En el noveno punto se plasma el fortalecimiento del nombramiento de consejeros electorales, con un método de insaculación para elegir a los candidatos mejor evaluados, y en el décimo expone el fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que busca fortalecer la carrera judicial electoral y actualizar el modelo de justicia electoral.
Es claro, que la iniciativa priista pretende impulsar una democracia más representativa, ciudadana, menos onerosa y que fomente la paz entre toda la ciudadanía sin importar la afiliación partidista.
El PRI se declara listo para entrar de lleno al análisis y escuchar todas las propuestas tanto de partidos políticos, la academia y la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el marco normativo de nuestra democracia.
Cierto es, que una reforma electoral tiene que ser resultado de un amplio consenso político para mejorar nuestro sistema electoral, no para cumplir con los caprichos de quienes buscan perpetuarse en el poder.
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados*
