El gobernador Miguel Barbosa afirmó categórico que el exauditor Francisco Romero Serrano utilizó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para extorsionar a alcaldes y no como garrote político, como se usó históricamente.
Estas formas de desviar la función de la ASE han provocado un rezago histórico en la dictaminación de cuentas públicas de sujetos obligados, porque los dictámenes nunca salen de la ASE y entonces el Congreso del Estado no puede resolver la aprobación o no de cuentas públicas municipales y de otros organismos.
“Sería bueno saber de qué tamaño es este rezago en dictaminar cuentas públicas municipales y de entes gubernamentales”.
Barbosa reveló que muchos presidentes municipales le comentaron que la ASE, en tiempos de Romero Serrano, les pedía entregar cajas de documentación contable, que les eran devueltas con la condición de ‘llegar a un acuerdo’.
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