El linchamiento, por una turba enardecida, del abogado Daniel Picazo González perpetrado el 10 de junio de 2002 en la localidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla, es un síntoma de la descomposición social por la que atraviesa nuestro país.
En un magnífico trabajo de investigación del Doctor Juan Pablo Aguirre Quezada sobre los linchamientos en México, publicado en febrero de 2018 por el Instituto Belisario Domínguez, se expresa:
“Los linchamientos son producto de falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades”.
Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano, expresó que Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, porque los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia impartida por el gobierno.
Entre otros criterios, internacionalmente aceptados, se entiende que un estado fracasa si es deficiente en áreas como seguridad, el sistema político, el estado de derecho, la administración y el bienestar social. Esta deficiencia hace que el estado sea incapaz de proteger a sus ciudadanos de la violencia.
Aunque nuestra Constitución nos señala que Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Eso no se respetó, ni se cumplió.
De acuerdo con una investigación realizada por Andrés Sánchez Pastén para El Universal Puebla, Huauchinango registra nueve intentos de linchamientos en 24 meses. Este fue el décimo, pero lamentablemente fue consumado.
El viernes 10 de junio, pobladores de Papatlazolco lincharon y quemaron al joven abogado que tenía orígenes familiares en la zona. Los asesinos difundieron la versión de que merodeaba, acompañado de otra persona que logró escapar a bordo de un vehículo, con la pretensión de robarse a un menor.
Para las y los asesores de la Cámara de Diputados, con quien compartió tiempo y espacio, se trataba de un joven conocedor a profundidad del derecho, además de ser catalogado como un hombre confiable, librepensador y servicial. Solamente tenía 31 años.
Daniel Picazo González fue martirizado y golpeado brutalmente por una horda de personas que, actuando en masa, seguramente tienen la expectativa de salir impunes.
Su familia merece, por lo menos, una investigación seria y exhaustiva, que se persiga y se sancione a los responsables, así como a la reparación del daño y la reivindicación de su buen nombre, en caso de que se demuestre que nada tenía que ver con las versiones difundidas.
*Es Diputado Federal por el Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula.
