Al inicio de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, a petición del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se solicitó un minuto de silencio en memoria de Daniel Picazo González, quien laboraba en la Cámara de Diputados como asesor del Partido Acción Nacional y que fue linchado el pasado fin de semana en Huachinango, Puebla.
Asimismo, diputados y senadores del Grupo Plural, del PAN, PRI, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y Morena, que integran dicho órgano legislativo, exhortaron a la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) y al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, esclarezcan los hechos ocurridos el pasado 10 de junio de 2022 en la comunidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, Puebla, en el que fue asesinado el ex asesor parlamentario.
A través de diversos puntos de acuerdo los legisladores, denunciaron que la mal llamada «justicia colectiva» es cada vez más frecuente y tolerada no sólo por los responsables de garantizar el Estado de Derecho, sino por la misma sociedad ante la evidente debilidad institucional e ineficiencia de las autoridades responsables de la seguridad pública y el acceso a la justicia.
“En este sentido, los ajustes de cuentas, los atentados terroristas, las guerras, los tiroteos, los linchamientos, y más, llevados a cabo en nombre de la justicia, no son más que revanchas o estrategias que persiguen fines inconfesables y claramente alejados de la justicia”, refirieron.
Lamentablemente, indicaron, la frustración colectiva, la ignorancia, la prepotencia y la confusión, derivada de la inactividad de las autoridades para prevenir delitos y proteger a sus ciudadanos de la comisión de otros delitos como la desaparición de menores, se retuvo ilegalmente a Daniel, al confundirlo con un secuestrador de niños.
De acuerdo a declaraciones hechas el lunes 13 de junio pasado por la titular de la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, en Puebla a lo largo del 2022 se han registrado al menos 11 intentos de linchamientos; “estos datos son indicativos del fenómeno social contrario al Estado de Derecho que se vive en la entidad. Lo cual, es gravísimo e inaceptable, pues la violencia colectiva no puede ni debe ser ignorada y mucho menos solapada; el privar de la vida a una persona es un delito que no debe quedar impune, dado que quienes lo incitaron, lo ejecutaron y observaron, no pueden ser protegidos bajo la colectividad”, exigieron.
En tanto, datos del Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2019, los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%; mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. Si bien el estudio comprendió hasta 2018, los datos que se registraron en 2019 confirman estas tendencias.
A Daniel Picazo se le golpeó numerosas veces por al menos 30 personas, además se le amarró de las manos, lo dejaron descalzo y se le roció gasolina para prenderle fuego aun estando vivo, sin permitir que se le brindara auxilio para finalmente privarlo de la vida en las canchas de usos múltiples de la comunidad a los ojos de 200 personas que sólo observaban el hecho.
La bancada poblana del PAN, representada por Humberto Aguilar Coronado, Ana Teresa Aranda Orozco, Carolina Beauregard Martínez, Genoveva Huerta Villegas, y Mario Gerardo Riestra Piña, suscribieron el punto de acuerdo de su fracción por el que exigen justicia para el ex asesor de su Grupo Parlamentario.
Foto: Congreso de la Unión
