La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que ha destapado una trama de fraude en el sector de la telemedicina, muy popular tras la pandemia de COVID-19, en la que 36 personas a lo largo del país están acusadas de desviar mil 200 millones de dólares.
Se alega que las empresas de telemedicina -cuyo nombre o número no se menciona- acordaban con distintos médicos la prescripción de pruebas y de materiales médicos muy costosos, independientemente de si los pacientes las necesitaban, tras una breve conversación telefónica o incluso sin interactuar con ellos.
Según una nota, la acusación es resultado de una investigación federal coordinada entre el FBI, seis unidades contra el fraude en la sanidad y ocho fiscalías federales, entre otras agencias, y ha dado lugar a los primeros cargos por la facturación de pruebas genéticas cardiovasculares fraudulentas.
Los resultados de los test y materiales médicos encargados a menudo no llegaban a los pacientes, o carecían de valor para sus médicos de atención primaria, agrega el documento.
Justice Department Charges Dozens for $1.2 Billion in Health Care Fraudhttps://t.co/0TqhaGFFjB pic.twitter.com/JCyoEeaUca
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 20, 2022
Entre los imputados hay un ejecutivo de una empresa de telemedicina, propietarios y ejecutivos de laboratorios clínicos, empresas de equipamiento médico de larga duración, empresas de marketing y profesionales médicos.
Las autoridades dijeron que los propietarios y operadores de los laboratorios pagaban sobornos a los médicos que trabajaban en las ‘empresas fraudulentas de telemedicina’ para que les derivaran sus pacientes.
Además, algunos acusados controlaban una red internacional de marketing con la que engañaron a ‘miles de pacientes ancianos y/o discapacitados’ y ordenaron a sus teleoperadores inducir a los beneficiarios del programa público de salud Medicare a hacerse las costosas pruebas genéticas.
El Departamento de Justicia indica además que los test genéticos cardiovasculares y de cáncer en cuestión eran ‘médicamente innecesarios’, ya que no se usan como método de diagnóstico ni están aprobados por Medicare para revisar de manera preventiva el riesgo de desarrollar enfermedades.
Un operador de varios laboratorios supuestamente usó los pedidos de las pruebas para reclamar reembolsos a Medicare por valor de 174 millones de dólares, aunque los resultados no se usaron para ningún tratamiento, y luego blanqueó ese dinero a través de una red de bancos y entidades, comprando vehículos de lujo, un yate e inmuebles.
Aparte de los cargos anunciados por Justicia, los Centros para Medicare y Medicaid y el Centro para la Integridad de los Programas, que persigue su abuso, emprendieron hoy acciones administrativas contra más de medio centenar de proveedores médicos implicados en tramas similares.
EFE
Fotos de Getty Images y EFE
